No aplica

Juan José Herrera

Juan José Herrera Desde hace cuando menos cinco años, con las últimas reformas a las leyes, la normativa vigente es más que clara respecto a pagos obligatorios de servicios que deben realizar instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

En Hidalgo, donde por sexenios hubo distinciones, opacidades y prebendas para unos cuantos grupos e individuos, hoy la realidad alcanza a quienes siguen incrustados en dicha ideología de sinecuras al por mayor.

No obstante, es cuestión de semanas o días quizá en que otro “balde de agua fría” caiga sobre autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), particularmente sobre el hombre que decidió apropiarse de dicho espacio para sus fines políticos, Gerardo Sosa, al confirmarse la petición por parte de la Caasim de instalar los correspondientes medidores para cobrar como es debido el suministro de agua.

Si bien la Caasim ha sido de igual forma un organismo vapuleado por sus propias circunstancias, incluyendo un sindicato que hasta hace poco pudo aplacarse, tiene como sustento la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, cuyo artículo 115 establece la exigencia de contar con dichos aparatos al tener servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en todos los organismos que dependen de la máxima casa de estudios de la entidad.

El adeudo que arrastra la UAEH desde tiempos inmemoriales en este mismo rubro alcanza ya los 177 millones 314 mil 652.04 pesos, de acuerdo con el último ajuste realizado por el organismo operador a montos reales, al sumar diversas cantidades de áreas universitarias como Centro Cultural, Servicio Social, Preparatorias 1, 3 y 4, Escuela de medicina, Federación de Estudiantes Universitarios y el Icsa, sólo por mencionar algunas.

Cabe recordar que hace unas semanas, de manera sorpresiva, el Grupo Pachuca de Jesús Martínez cubrió precisamente esa carga, que de igual forma arrastraba en materia de contribuciones, sobre todo por lo que debía en lo concerniente al estadio “Miguel Hidalgo”, lo cual representó sin duda un mensaje más que claro para la universidad.

Así que ahora no sólo es el tema de la instalación del órgano de control interno el que debe atender de inmediato la UAEH para transparentar de una vez por todas el manejo de los recursos públicos que recibe, sino también el pago inexcusable de impuestos que cualquier institución realiza.

Lo curioso es que la propia UAEH sentencia en el artículo 3º de su Ley Orgánica que tiene como fines “fomentar la transparencia y protección de derechos humanos; realizar actividades conforme a las leyes fundamentales de la nación, para promover la cultura de la legalidad y rendición de cuentas”, ¿o es que acaso tal sentencia no aplica cuando afecta los intereses del dueño?

 

      Twitter: @juanjo_herrerap