Sosa, vieja estrategia

Alberto Witvrun

Alberto WitvrunPredecible en sus estrategias, el jefe del clan universitario, Gerardo Sosa Castelán, utiliza nuevamente el doble discurso para defender sus intereses bajo la bandera de la autonomía universitaria, porque mientras el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, anunciaba un amparo contra el decreto 228, cuestiona al Poder Legislativo y dice hay diálogo con el Ejecutivo, inició una campaña contra lo que llaman “Ley Fayad”.

En redes sociales buscan denostar al gobernador y colocan calcomanías en autos de profesores y estudiantes, nada nuevo; en 1987 mientras el rector Juan Manuel Menes Llaguno dialogaba con el gobernador Adolfo Lugo Verduzco para pedirle posiciones políticas, ordenó la campaña “Hidalgo para los Hidalguenses”, contra la designación de Ernesto Gil Elorduy como secretario de Gobierno, argumentando que era sinaloense.

En la rectoría (82/86) de Juan Alberto Flores Álvarez, a quien Gerardo Sosa obligó a no reelegirse al entregarle en su IV Informe las últimas 11 cuartillas, castigo por formar el Grupo Contadora que amenazó su hegemonía, se reprobaba el vandalismo: “ser universitario no es Patente de Corzo” se decía mientras en las calles la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) cometía toda clase de fechorías.

La UAEH, controlada desde 1982 por Gerardo Sosa, está en su derecho de defender sus intereses, que no la autonomía según sostiene el Poder Legislativo porque el Órgano Interno de Control no lesiona a los organismos autónomos en que se aplicará, porque no interviene en las decisiones sólo supervisará la aplicación de los recursos públicos.

Lo contradictorio es que la autonomía es vulnerada por quien controla a la UAEH al utilizar a la comunidad universitaria y sus recursos en favor del Movimiento Ciudadano, o como se hizo para apoyar al candidato “independiente” Antonio Mota Rojas, con brigadas de estudiantes a cambio de otorgarles puntos extras en diferentes materias, ya que se pone la autonomía al servicio de un partido político.

 

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