Justicia y Juicios Orales (1/3)

David Edmundo López García

 Antes de la Reforma Constitucional de 2008, imperaba en México el conocido como Sistema Inquisitorio Mixto, adoptado en 1929. Se le conocía así, en un intento de definir el esquema e intervención de las partes, que se caracteriza, principalmente, por la participación del Ministerio Público, que quita al Juez el monopolio del ejercicio de la acción penal.

La figura del Ministerio Público, surge de los principios que inspiraron al constituyente que consideró que el delito no sólo afecta la esfera del particular ofendido, sino que vulnera el tejido social, lo que hace necesario un representante social, que es precisamente la función que se le asignó a este órgano. En este sistema, la acción penal era prácticamente privada, pues todo se iniciaba, proseguía y concluía a instancia de la parte ofendida, lo que vino a cambiar con el nuevo Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública, que implementa el Sistema Acusatorio y el Juicio Oral.

Como consecuencia de la celebración del Tratado trilateral de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá, nuestro país se comprometió con sus dos socios comerciales, entre otras cosas, a homologar los sistemas procesales.

En este proceso, se dio la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, que tiene por objeto, entre otras cosas, la adopción del proceso penal acusatorio previsto en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El proceso penal que se sustenta en el nuevo texto constitucional introduce importantes cambios en distintos ámbitos de la persecución y el enjuiciamiento penales. Incluye una forma diferente de investigar los delitos que es adecuada para producir información de calidad, aceptable en una democracia para justificar la imposición de penas. (Agradezco a José Vélez Laredo su participación para la elaboración de esta columna).