Justicia y Juicios Orales (2/3)

David Edmundo López García

 La transformación en el nuevo modelo permite una efectiva protección de los derechos de las víctimas y de los imputados, así como para las diversas soluciones que pueden darse frente a los conflictos sociales que se siguen de la comisión del delito. El nuevo modelo tiene influencia en el modo en que se gestionan las instituciones que operan el sistema de justicia penal, procuración y administración de justicia, policía, defensoría pública, y centros de justicia alternativa, entre otros.

El proceso acusatorio se estructura sobre la distinción entre investigación penal y constitución de la prueba. La primera genera información que es útil para justificar el procesamiento y otros actos procesales previos al juicio, en cambio, la prueba únicamente se produce en el juicio. Se ha creado una institución de prueba anticipada que tiene carácter excepcional en que están garantizados los componentes esenciales de la producción de la prueba en sede jurisdiccional, que son la contradicción y su control por parte del tribunal.

El juicio oral constituye el núcleo del nuevo proceso penal que se deriva de la antes referida reforma constitucional. Se ha dicho que en el proceso moderno, el juicio oral es la excepción y que en realidad ahora prevalece un proceso penal que privilegia las salidas negociadas y otras formas abreviadas para resolver los conflictos sociales derivados del delito.

A pesar de las salidas alternas y otros mecanismos para la terminación anticipada del proceso, el juicio oral constituye el referente fundamental para la decisión respecto de cuál sea la mejor vía para resolver el fondo de los asuntos. El juicio es el referente para la activación de los otros mecanismos, tanto desde el punto de vista de ser un medio democrático para establecer la verdad procesal como desde el punto de vista de ser un vehículo de la escenificación de la justicia. (Agradezco a José Vélez Laredo su participación para la elaboración de esta columna)