Verificentros, negocio irregular de políticos

Carlos Camacho

 

Carlos Camacho En la Ciudad de México circulan diariamente 5.5 millones de vehículos, de los cuales un 85 por ciento ha acudido a los 65 centros de verificación de emisiones contaminantes; en Hidalgo hay un padrón de 869 mil 079 automotores, de los cuales apenas un 35 por ciento han cumplido con la obligación de verificar su unidad para evitar que contaminen el medio ambiente, y han acudido a los 66 verificentros.

Estas cifras, ofrecidas por el instituto Nacional de Estadística,  Geografía e Informática (INEGI), nos dan un panorama de la inequidad entre el número de autos y el de verificentros, entre una ciudad con 20 millones de personas y una entidad de 2.3 millones.

Peor aún, cuando comienzan a fluir datos que sobre el irregular modo de hacerse de un verificentro y cuyos propietarios, en su mayoría son políticos o exfuncionarios del gobierno hidalguense.

Hasta donde se sabe, tramitar un permiso para operar un centro de verificación vehicular cuesta alrededor de 14 mil pesos y se tienen que cubrir ciertos requisitos. Pero, para agilizar el papeleo, en las mismas oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) hay “gestores” que facilitan la tarea de la persona que pretenda contar con un verificentro.

Hasta ahora se tienen registrados 66 negocios de este tipo, de los cuales han sido cancelados por irregulares cuatro de ellos y están en lista de lo mismo otros cuatro. En todos los casos no se cumplió con los requisitos establecidos y porque hubo tráfico de influencias.

Cuentan funcionarios al interior de la dependencia gubernamental que cuando se comienza a revisar la relación de “beneficiarios” con estos negocios aparecen nombres de políticos y exfuncionarios de gobiernos anteriores al actual.

Este es sólo uno de los muchos asuntos que deberá atender y resolver el nuevo titular de la Semarnath, Benjamín Rico Moreno, quien a esa irregularidad deberá sumar el jugoso negocio de las “mordidas” para evitar multas para aquellos constructores que no cuentan con su “manifestación de impacto ambiental”, que antes se salvaba con un “entre” que varía según el tamaño de la obra en cuestión.

 

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