Desestima el Congreso su obligación en dicha reforma

 

El pasado 26 de septiembre se informó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró discriminatoria la Ley de la Familia en Hidalgo, pues no considera el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo cual se interpuso un juicio de amparo, desde agosto de 2014.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, afirmó en su momento que el Congreso no estaba obligado a reformar dicha ley, modificada por la pasada Legislatura, y a la cual le “corrigieron la plana” en ocho ocasiones, contando ésta, por inconstitucionalidad en las leyes aprobadas.

“El registro del Estado de lo Familiar es la instancia que debe acatar el resolutivo de la SCJN, pero debemos esperar a que nos llegue la sentencia, el procedimiento legislativo para hacer modificaciones en una ley inicia con la presentación de la iniciativa para que se pueda dar trámite”.

Al cuestionarla si el Congreso estaba obligado a modificar la Ley de la Familia reiteró que el proceso para reformar la ley se inicia sólo con la presentación de una iniciativa, pero no por la sentencia de la SCJN, pues el Registro de lo Familiar es en todo caso el que acata la sentencia y sólo para las parejas que solicitaron el amparo. (Jocelyn Andrade)