Que no panda el cúnico (Chapulín Colorado Dixit)

Andrés Torres Aguirre

Andres Torres Aguirre Son muchos los aspectos que un gobierno debe regir en el espectro de la atención a la población, en los últimos 10 años la seguridad es uno de los temas más críticos y complejos al cual debemos agregarle la “conveniente necesidad” de ocultar información para evitar preocupaciones en la sociedad.

Una administración que arranca, como la encabezada por Omar Fayad, tiene ante sí la clásica estrategia oficial aplicada durante décadas en Hidalgo que se resume en la frase “aquí no estamos como en otras entidades”, en referencia los índices delictivos por debajo de la media nacional.

Sin embargo, Hidalgo no es ajeno al malestar y creciente desconfianza social hacia sus autoridades que llevó a una reinterpretación de organizaciones basada en usos y costumbres, sobre la cual sustentan acciones como linchamientos y detenciones a presuntos delincuentes, principalmente en el Valle del Mezquital y la Huasteca.

Tampoco la entidad quedó fuera de fenómenos delictivos nuevos como la presencia de una banda colombiana de asaltantes que presuntamente perpetró robos a negocios y residencias en Pachuca, incluidas las oficinas de la correduría pública número 3, del exgobernador Francisco Olvera.

En el tema de seguridad, la ciencia y la tecnología juegan un rol preponderante porque las organizaciones criminales tienen recursos, acceso a las más modernas estrategias, armamento y pasaron de ser entes marginales a corporaciones cómplices del gobierno en muchos casos. En esta nueva condición los discursos ya no sirven de nada, a menos de que la meta sea ocultar que el estado ya no puede garantizar la seguridad de la población.

Los últimos años la administración estatal se esforzó “en administrar la seguridad”, pero no en combatir la inseguridad. Torcieron la verdad al insistir en que había una baja incidencia en delitos graves o de gran impacto, pero no pudieron (aunque lo intentaron y gastaron mucho dinero en eso), ocultar el aumento en delitos como robo a casa habitación, asalto, robo de autopartes, cuentahabientes.

Fueron conocidos los saqueos a la casa de la expresidenta del CDE del PRI, Geraldina García; el enfrentamiento a balazos en la habitación del exsubsecretario de Finanzas de la SEPH, Pablo Pérez, durante un robo; el ya mencionado atraco a la correduría pública número 3 de Hidalgo; una serie de ataques a sucursales de una cadena comercial. Hechos graves pero que poco se publicitaron, como si fueran “asuntos sin importancia”. ¿Pagó la administración anterior derecho de piso a la delincuencia?

Si es verdad que la delincuencia, organizada o no, se manifiesta en coyunturas como la llegada de una nueva administración estatal, ahora que arranca Omar Fayad su gobierno, ¿podríamos esperar hechos violentos como la explosión de un carro bomba, donde murió un jefe policiaco en enero de 2011, allá en Tula? ¿El asesinato del secretario de Seguridad Pública estatal, como sucedió con Marcos Manuel Souverbille en 2007?

Hasta ahora la seguridad pública sigue siendo prioridad para la población, pero un misterio para la administración.

 

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