Frena Fortaseg trayectoria para formación de policías

-Representa programa gastos de operación y tiempos largos de espera

-Además cada ayuntamiento debe generar una beca para los aspirantes

NECESARIO REFORMAR

Ángel Hernández

pag-21-fortaseg-trabajo-hernandez-1Hasta 80 mil 400 pesos y una demora que oscila entre 10 meses y un año, tienen que invertir los ayuntamientos hidalguenses que cuentan con el programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg), para formar a un nuevo policía y darlo de alta posteriormente en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública o Secretariado Ejecutivo.

De acuerdo con exjefes policiales y vigentes de la región Tula-Tepeji, como Sergio Gutiérrez Cadena (de Tepeji), Sergio Antonio González Venegas y Daniel Fermín Hernández Martínez (ambos de Tula), éste es un factor para que los municipios que cuentan con el Fortaseg no logren cumplir con sus respectivos equipos de efectivos en las diferentes corporaciones, al ya no querer invertir en su formación.

Comentaron que la negativa de los ayuntamientos se da porque muchas ocasiones, una vez formados los oficiales, deciden irse a un lugar donde les pagan 100 pesos más o donde hay mejores prestaciones (por mínimas que sean), pero sostuvieron que ese es un riesgo que debe correrse para contar con mejores cuerpos de seguridad.

Explicaron que; por ejemplo, de cada 10 aspirantes a policías sólo uno o dos pasan los exámenes de control de confianza y que por cada candidato (apruebe o no) hay que desembolsar 5 mil 400 pesos por costo de evaluación, además de traslados y viáticos para que los postulantes estén presentes en sus evaluaciones.

 

INMERSOS. En los municipios con Fortaseg en Hidalgo (Ixmiquilpan, Huejutla, Pachuca, Tula, Tulancingo, Tizayuca, Mineral de la Reforma, Tepeji del Río, Tepeapulco y Zempoala), ya no basta con cumplir los tres requisitos bases que hasta hace una década se pedían para ser dado de alta para ser guardia de seguridad municipal, que eran: ser menor de 34 años, tener cartilla liberada y educación aprobada a nivel de bachillerato, sino que hay que pasar exámenes de control de confianza.

En el caso de las mujeres se pide acreditar los exámenes y educación de nivel Medio Superior y tener menos de 34 años.

Una vez cubiertos estos requisitos básicos y pasadas las pruebas, que van desde psicológicas hasta evaluaciones socioeconómicas, los futuros uniformados deben ser canalizados a un curso de formación inicial, donde les otorgan instrucciones básicas, como manejo de equipo de radiocomunicaciones, armas de fuego y las claves que utilizarán en su trabajo diario.

Los cursos se imparten en academias regionales federales y se componen de un total de 882 horas, divididas en una temporalidad de cuatro a seis meses, tiempo durante el cual las alcaldías deben proporcionar a los aspirantes una beca que puede ir de 3 hasta 5 mil pesos, mientras que los cursos de formación fluctúan entre 25 y 45 mil pesos para cada postulante, dependiendo de la academia.

Los módulos de instrucción que les proporcionan son, a partir de un par de años para acá en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA) Derechos Humanos; el de primer respondiente y técnicas básicas de la función policial.

 

CASOS. En Hidalgo, sobre todo en demarcaciones del suroeste de la entidad, un fenómeno que obligó más que los requerimientos a escala nacional de profesionalización y capacitación de cuerpos de seguridad fueron las infiltraciones del crimen organizado, sufridas en masa a finales de 2011 y principios de 2012, extendiéndose incluso hasta 2013 y 2014 en municipios como Tula, Tepeji y Atotonilco de Tula, y en menor grado en Atitalaquia, aludiendo la cercanía con el Estado de México.

Para las citadas localidades fue un gran reto depurar a sus policías municipales, viéndose obligadas a separar en masa a decenas de oficiales locales, ante la presunción de nexos con el crimen organizado.

 

CRIMINALIDAD. En Tula se recuerda un despido en octubre de 2012, que incluyó el cese de al menos 60 efectivos, otro a principios de 2013 que supuso la baja de otros 30, los que; sin embargo, fueron retirados por no acreditar su educación de nivel medio y falsificación de documentos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tepeji del Río en tanto sufrió la separación de 12 oficiales de seguridad pública casi al principio del gobierno de Fernando Miranda Torres y fueron investigados por la desaparecida SIEDO por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

A mediados de la administración 2012-2016 se tuvo una separación más, de al menos 10 elementos, así como la baja gradual de otros tantos policías a tal grado de heredar tan sólo 70 oficiales a la gestión 2016- 2020, de un stock de 115 efectivos.

En Atotonilco de Tula al menos 10 policías fueron investigados también por supuestos vínculos con la delincuencia organizada; durante toda la administración de Edgar Reyes Martínez los secuestros y otros crímenes de alto impacto fueron una constante en el municipio, aun cuando en los últimos dos años de su periodo se unió al Mando Único de Policía estatal, hoy Mando Coordinado.

Finalmente, en Atitalaquia, durante el gobierno de Jaime Reyes Galindo, se detuvo a un par de policías municipales sorprendidos en flagrancia cometiendo ilícitos o en posesión de droga.

 

PORVENIR. La falta de confiabilidad en cuerpos de seguridad local obligó a las alcaldías a invertir en capacitaciones y formación policial; no obstante, sólo 10 localidades de Hidalgo cuentan con subsidio para invertir en este rubro, las restantes 74 demarcaciones tienen que destinar recursos propios para la formación de sus fuerzas del orden.

Para el actual titular de la SSP de Tula, Fermín Hernández Martínez no basta con aprobar todos los filtros reseñados para desempeñar una buena función como agente de seguridad, sino que hay que tener vocación de servirle a la sociedad.

Opinó que un agente que está en las calles por obligación, tan sólo por mantener una familia y sus gastos personales, rinde menos que un elemento con vocación, que realmente está dispuesto a consagrar su vida a la profesión de ser policía y precisamente este factor actúa como un depurador natural de las corporaciones, por lo que este es otro riesgo que deben afrontar los ayuntamientos al costear los gastos de capacitación.