Necesario legislar para abatir violencia política vs mujeres

-Demandaron los partidos políticos al Congreso local que armonice leyes

-Luego de conocerse sentencia a favor de excandidata priista a alcaldía

IGUALAR CONDICIONES

Rosa Gabriela Porter

p4-violenciaExhortaron partidos y el Instituto Estatal Electoral (IEEH) a que el Congreso local legisle en materia de violencia política por razón de género, luego de que resolvieron la queja de la entonces candidata a alcaldesa por Actopan, Edith Avilés, quien denunció pintas y reparto de panfletos para dañar su imagen.

Al resolver el procedimiento ordinario sancionador, radicado bajo el expediente número IEE/POS/004/2016, el pleno emitió sentencia respecto a la queja de la aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el reparto de panfletos con difamaciones.

“Al verificar las pruebas presentadas se acredita la intención de menoscabar a la candidata, pero no se acredita quiénes perpetraron los hechos, pese a las diligencias y solicitudes de información, tanto la queja a las cuales dieron vista, no se pueden determinar los actores de estos hechos”, mencionó la sentencia.

De igual forma el secretario ejecutivo, Jerónimo Castillo, dio a conocer que en el acuerdo consideraron un exhorto hacia los partidos políticos y ciudadanía para sumar esfuerzos para erradicar actos contrarios al derecho, moral y buenas costumbres, a fin de robustecer los derechos políticoelectorales de las mujeres.

También hicieron un llamado al Poder Legislativo para que legisle en materia de violencia política de género.

Al respecto los representantes de cúpulas manifestaron su respaldo para que el Congreso local armonice el Código Electoral conforme los términos de género, además de que incluya sanciones determinadas para quienes cometan faltas contra las candidatas mujeres.

La violencia política de género son todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticoelectorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas i