Inválidos los amparos de Hidalgo contra gasolinazo

 

-Fueron varios municipios donde alcaldes promovieron las acciones jurídicas

-Sostuvieron dependencias como la SCJN que no estaban bien fundamentados

GANA BUROCRACIA

Ángel Hernández

pág 03 AMPAROS GASOLINAZO 2Los recursos para ampararse contra el “gasolinazo”, promovidos por al menos dos municipios del sur de Hidalgo, parecen no prosperar como se tenía previsto por alcaldes, líderes políticos y de la sociedad civil, al menos eso indican las evidencias hasta ahora.

Demarcaciones de la región Tula-Tepeji como Atotonilco de Tula, Tezontepec de Aldama y Tula de Allende, hicieron sus esfuerzos individuales para dejar sin efecto el incremento en los precios de combustibles que entró en vigor a partir del primer minuto del 1 de enero pasado.

A consideración de quienes encabezaron estas acciones, técnicamente fracasaron debido a tres posibles factores: falta de convocatoria, de interés ciudadano o que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó los requisitos para hacer casi imposible aceptar dichos casos.

 

EJEMPLOS. Tezontepec de Aldama fue el municipio que más documentos para querellas presentó, con 700, a convocatoria de su presidente municipal, Pedro Porras Pérez; sin embargo, tal cantidad contrastó con los 53 mil habitantes aproximadamente que tiene el municipio.

En Tula de Allende, quien lideraba los esfuerzos para reunir firmas e ingresar a tribunales dichas figuras legales para impedir el alza de hidrocarburos fue el exalcalde perredista y excandidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Baptista González, quien apenas aglutinó 13 rúbricas.

En Atotonilco la convocatoria se mantuvo acéfala y se limitó a llamados en la red de social Facebook para convocar a ampararse contra el “gasolinazo”; usuarios de plataformas digitales mostraron entusiasmo hacia la propuesta, pero al final no concretaron ninguna acción.

 

NAUFRAGIO. El concluyente fracaso de amparos (individuales o colectivos) en contra del Presidente de la República, Enrique Peña, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de las Cámaras de Senadores y Diputados o la Secretaría de Economía, por permitir que se adelantaran los incrementos a los combustibles no fue exclusivo de Hidalgo, sólo hace falta ver el progreso que los recursos han tenido a lo largo y ancho del país, tomando como referente a la Ciudad de México, donde la propuesta -al menos en convocatoria- se tradujo en miles de inconformes en busca de un amparo.

No obstante, las instancias a las que debería competer el resolutivo de quejas “se echan una a la otra la pelotita para evadir la responsabilidad de solucionar”, la burocracia legaloide comenzó en la SCJN, que dijo que la primera instancia para resolver los conflictos son los jueces de distrito en materia administrativa, quienes a su vez, al menos hasta el 20 de enero pasado, se declararon incompetentes para emitir un fallo y regresaron los casos a la corte.

El pasado 16 de enero la SCJN emitió un comunicado donde hizo referencia a que esa instancia no era legalmente competente para conocer los asuntos en cuestión y dejó insistentemente la resolución para jueces administrativos federales.

 

OPINIONES. Para el exalcalde de Tula, Ricardo Baptista, este ir y venir sin razón entre la SCJN y los jueces administrativos no son más que obstáculos y trabas que el sistema mexicano pone a los ciudadanos a fin de desanimarlos y que la inconformidad por el “gasolinazo” se olvide, “para que el pueblo deje de protestar y se acostumbre a vivir en la miseria”.

Compartió las apreciaciones de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), en el sentido de acusar a la corte de obstaculizar intencionalmente los recursos legales desde la aceptación de amparos alegando cualquier tipo de pretextos o exigiendo requisitos imposibles a cumplir para que no fueran admitidos.

Acusó que la mayor parte de jueces administrativos, aparte de las trabas que ponen, los desechan a la primera oportunidad, por considerar que tiene irregularidades o falta de claridad en su elaboración y al ponerles también plazos fatales de tres a cinco días para que respondan o subsanen supuestas deficiencias las condenan al olvido.

Aun así cuando se desecha el amparo se debe elaborar una queja, la cual requiere de técnica jurídica especializada, con un término de cinco días hábiles para su presentación, ni uno más, otro “recurso” que garantiza la improcedencia de casos.

Es en este punto que la ANAD criticó a quienes ofrecen ampararse contra el “gasolinazo”, haciendo creer a la población que es como tramitar una licencia para conducir, sin tener claro (ni ellos mismos) que requieren seguimiento especial y como no cumplen las especificaciones lo único que provocan es que la autoridad “se lave las manos” diciendo que los recursos son improcedentes legitimando que la medida del “gasolinazo” es legal y hasta constitucional.

 

ESPERANZA. Aun con el panorama poco alentador, si hay voluntad y un procedimiento bien fundamentado para lograr los amparos, está demostrado que sí son procedentes, pues a casi tres semanas, el juez décimo tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México admitió un par de amparos promovidos por José Óscar Valdés Ramírez y Jorge Betancourt, contra la Secretaría de Economía por no observar su obligación de fijar precios de las gasolinas.

En el caso de Valdés Ramírez sostuvo que no alega el cobro del aumento por ser impuesto injusto y dice que lo que alega es que el incremento no se realizó apegado al debido proceso; es decir, que no fue analizado por el Congreso ni publicado en Diario Oficial de la Federación.

Al aceptar el amparo el juez está obligado a analizar a fondo los casos. De demostrarse esa inconstitucionalidad en la liberación anticipada de precios de combustibles, aunque enfrentando un escenario complicado y teniendo que enfrentarse a una burocracia sin razón, se obligaría a echar abajo los aumentos hasta en tanto se realiza el debido