Lanza Coparmex advertencia contra la politización de leyes

-Reiteró el organismo en Hidalgo su respaldo a iniciativa del gobernador

-Objetivo es permitir llegada de nuevas inversiones y generar competencia

MEJORA REGULATORIA

Alberto Quintana

p3 sergio bañosEconomía y empresas de Hidalgo deben fortalecerse y evitar que la Ley General de Mejora Regulatoria, iniciativa del gobernador Omar Fayad, corra el riesgo de ser politizada o contaminada por la agenda de los partidos rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, adelantó el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo, Sergio Baños Rubio.

El líder empresarial sostuvo que en la entidad se reconocen las acciones del gobernador para dar seguimiento puntual a este tema significativo para el sector productivo.

Desde hace algunas semanas las autoridades hidalguenses enviaron una iniciativa al Congreso local, la cual ya fue  aprobada y pretende simplificar y homologar la normatividad, así como trámites gubernamentales para reducir gastos y costos a fin de fomentar nuevas inversiones, impulsar a emprendedores y fortalecer la economía local.

“En Coparmex Hidalgo vemos con buenos ojos la firma del convenio entre gobierno del estado y Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), para implementar un modelo de simplificación administrativa, cuya finalidad es avanzar hacia el establecimiento de una política pública en la materia”.

Los empresarios del estado confían en las ventajas económicas que propiciarán la creación de más y mejores empresas y mejorarán el ambiente de negocios. Además estas medidas reducirán la corrupción, favoreciendo la transparencia gubernamental, incrementando la gobernabilidad democrática y promoviendo inversiones nacionales e internacionales, dando certeza a las empresas para que miren a Hidalgo como una opción para su asentamiento y desarrollo.

“En Hidalgo, con la Ley de la Mejora Regulatoria, podremos liberar recursos para emplearlos en innovación, en desarrollo, en la búsqueda de nuevos mercados y productos”.

Baños Rubio agregó que en suma se habrá de mejorar la productividad de las empresas, pues representa el mejor camino para generar los empleos formales que México tanto necesita.

Recordó que finalizó el plazo de 30 días ofrecido por el gobierno federal al sector empresarial sobre la emisión del acuerdo de desregulación 2X1, de manera que de cada nueva regulación que se imponga a las empresas serán eliminadas dos regulaciones anteriores.

“En Coparmex estamos atentos a los términos del acuerdo nacional, por el que los reguladores revisarán la normativa de sus  ámbitos, para empezar a reducir los cerca de mil 300 trámites que tiene identificados actualmente la Secretaría de Economía. Estamos convencidos de que ese acuerdo pondrá a México en la dirección adecuada, siguiendo las tendencias observadas en otros países, como lo hace ya el Reino Unido desde hace aproximadamente 10 años”.

Afirmó que en Estados Unidos ya inició también el proceso de desregulación, al que México debe responder rápidamente y trabajar en avances en dicha materia.

 

ÍNDICES. Precisó el funcionario que en la más reciente evaluación del Doing Business del Banco Mundial, México descendió dos lugares para situarse en el sitio 47 de entre 190 economías evaluadas.

De acuerdo con ese estudio en México se requieren en promedio 7.8 trámites y se necesitan alrededor de 8.4 días y cuesta casi el 18 por ciento del ingreso per cápita para abrir un negocio.

Los datos del Doing Business del Banco Mundial indican que en el estado de Hidalgo se requieren en promedio ocho trámites y se necesitan alrededor de 29.5 días y cuesta casi el 8.6 por ciento del ingreso per cápita al iniciar un negocio.

En contraste en Nueva Zelanda, el país mejor calificado, se requiere un día, un solo trámite y el costo de abrir un negocio es de cerca del 0.3 por ciento del ingreso per cápita.

Además de esa dificultad para abrir nuevos negocios, la carga regulatoria es un factor que tiene un gran peso específico en el cierre de las empresas en México.

De acuerdo con el Análisis de la Demografía de los Establecimientos, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2009 y 2012 dejó de operar en el país el 22 por ciento de establecimientos micro, pequeños y medianos.

En ese periodo fueron creadas 1 millón 835 mil empresas y dejaron de operar 884 mil 240, lo que significa que el crecimiento anual de establecimientos fue de apenas 1.7 por ciento, muy por debajo del crecimiento de la economía.

Según la Encuesta de Productividad y Competitividad aplicada por INEGI, una cuarta parte de micro, pequeñas y medianas empresas del país consideró que las complicaciones administrativas y trámites más costosos son el principal obstáculo para su crecimiento.

Revela la urgencia de generar políticas públicas que permitan asegurar las condiciones para que se creen nuevos negocios y para que más empresas puedan permanecer en el tiempo.

“Por ello urgimos a que se emita el acuerdo de desregulación 2×1 y por su parte urgimos también al Congreso de la Unión que tiene la obligación ya de emitir la Ley General de Mejora Regulatoria, que deriva de la Reforma Constitucional en esta materia de justicia cotidiana que se publicó y promulgó el pasado 5 de febrero”.