Reconoce IEEH vacíos legales relativos a derechos políticos

-Detalló Hernández la necesidad urgente de promoverlos hacia sociedad

-Ejemplificó con los casos de delegados municipales que traen problemas

DEFINICIONES JURÍDICAS

 

Rosa Gabriela Porter

p9-posturasAfirmó el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Augusto Hernández Abogado, que existen vacíos en legislaciones hidalguenses, por tanto es necesario un esfuerzo interinstitucional para armonizar y promover derechos políticoelectorales, principalmente pormenorizar en qué consisten y cómo se resguardan.

Al igual que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), Manuel Cruz Martínez, el consejero del Organismo Público Local reconoció que persiste un desconocimiento sobre derechos políticoelectorales, principalmente en reconocimiento y tutela de los mismos.

“Hacía un llamado el magistrado presidente, al cual desde luego me sumo, debemos promover los derechos políticoelectorales, creo que hay un desconocimiento y seguramente es una labor en la que no hemos sido puntuales las autoridades electorales para difundir qué son, en qué consisten y cómo se resguardan”.

Mencionó algunos ejemplos de esta situación, como el caso de los juicios interpuestos contra las convocatorias para delegados municipales, que aunque es una figura existente en las demarcaciones, legalmente no están reguladas.

“Debemos hacer un esfuerzo interinstitucional, Congreso, partidos políticos, autoridades electorales y jurisdiccionales, porque el tema es muy importante por algunas previsiones que nos han dado los tribunales federales”.

El consejero agregó que para México el tema de los derechos políticoelectorales es innovador, ya que las reformas para implementar esta procuración legal apenas tiene 20 años, “estamos muy nuevos en ello, por eso debemos trabajar y redoblar esfuerzos”.

En próximas semanas el TEEH promoverá cursos de capacitación en coordinación con el Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal (Indemun), a fin de concientizar a las autoridades en los ayuntamientos para que respeten los derechos políticos, así como reconocer sus límites, atribuciones y obligaciones respecto a sus actividades administrativas, el objetivo también es aminorar la violación de derechos humanos.