Inestable situación en RSR

-Pasaron más de 7 años para que autoridades tomaran con seriedad problemática generada por la incorrecta operación del Relleno Sanitario Regional de Tula

DESASTRES

Ángel Hernández

p5 RELLENOTranscurrieron más de 7 años tuvieron para que autoridades estatales y municipales voltearan a ver con seriedad la problemática generada por la incorrecta operación del Relleno Sanitario Regional de Tula (RSR), asentado sobre dos parcelas del ejido de Tula.

Fue hasta días recientes que los ayuntamientos de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende se enfrentaron al hecho de no tener lugar para depositar sus desechos sólidos ante un bloqueo de comuneros del ejido de Tula, quienes demandaron de los gobiernos locales un pago indemnizatorio por daños y perjuicios ambientales, así como el saneamiento del lugar.

A partir de la presión ejercida por los labriegos (que incluso cuentan con una suspensión provisional emitida por un juez federal para que se deje de utilizar el basurero), las autoridades mostraron visos “de interés” para remediar el deterioro ambiental generado por el confinamiento.

PRECISIÓN. Cabe recordar que desde que se habilitó -a finales de 2010- en el RSR obviaron las normas ambientales vigentes en el estado y el país, esto ante la presumible complicidad y omisión de diversas autoridades.

Múltiples fueron las denuncias de anomalías cometidas por las administraciones gubernamentales en funciones en el intervalo de 2010 a 2017; las protestas en ese lapso estuvieron encabezadas por Argelia Velázquez León, apoderada legal del predio donde se asientan sus instalaciones; sin embargo, no encontraron eco por ser desestimadas con el argumento de que eran motivadas por fines político-económicos.

Entre las principales irregularidades denunciadas por Velázquez León se encontraron la recepción de material quirúrgico en el inmueble, residuos industriales peligrosos de empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como el nulo tratamiento y saneamiento de la basura, por el que se le habría pagado a la empresa Arcángel un total de 32 millones de pesos, pero éste no se ha efectuado hasta ahora.

GUÍAS. Por información disponible en documentos de consulta en línea de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), se puede dar cuenta que de 12 requerimientos de operación para rellenos sanitarios, el de Tula tan sólo cumple con uno al 100 por ciento y con otro parcialmente.

Los documentos digitales consultados indican que el relleno sólo cuenta con sistema de impermeabilización, pero no con sistema de extracción, captación, conducción y control de biogás, tampoco con captación y extracción de lixiviados, carece de drenaje pluvial,  tampoco tiene área de emergencia de residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME), así como captación de residuos, cobertura continua de desperdicios en un lapso de 24 horas, no posee un control para la no admisión de aguas residuales y líquidos de proceso, lodos, aceites minerales y residuos peligrosos.

También le faltan obras complementarias como caminos de acceso e interiores, vestidores y sanitarios, franja de amortiguamiento, servicio médico, manual de operación, programa de medición y control de impactos ambientales que considere monitorio de gases, lixiviados y acuíferos, además de actividades de separación de residuos sin riesgo en cumplimiento de la norma.

REALIDADES. Pese a conocer las anomalías descritas, ninguno de los ayuntamientos, en siete años de operación tuvo la intención de corregir las deficiencias, aunque, en suma, van en detrimento del medio ambiente de la zona declarada por la ONU -en 2008- como la más contaminada del planeta.

La omisión de la parte oficial se dejó de lado hasta recientes días cuando el director de Gobernación en la región Tula, Helmer Céspedes Galindo, reconoció que la situación ha sido minimizada, soslayando las implicaciones que derivan del incorrecto manejo de los residuos en el complejo, “hasta que después de tantos años llegó a convertirse en un tema de salud pública”.

Comprometió así, el perfecto saneamiento del sitio una vez que acabe su vida útil (en futuros meses) dado que el lugar está a punto de llegar a tope, por lo que ya no hay lugar para depositar más residuos e incluso ya se estarían viendo ubicaciones para nuevos confinamientos regionales, así como alternativas para la reutilización de la basura o se valora apostarle a una planta incineradora como la de Tizayuca.

Ante este escenario (el inminente abandono del RSR), los comuneros temen que los gobiernos municipales y el estatal hereden una contaminación y un foco de infección de considerables dimensiones, por ello externaron una pretensión económica como pago al ejido por daños y perjuicios por una suma total de 14 millones de pesos, para que, en dado caso, puedan afrontar la situación.

Las autoridades aún valoran la propuesta de los labriegos, aunque representantes de las cinco alcaldías implicadas adelantaron durante una reunión que los ayuntamientos no tienen 2.8 millones de pesos cada uno para pagar a los comuneros por siete años de daños al entorno del ejido, por lo que se prevé que pongan en la mesa una contraoferta con una cifra menor a la inicial.