Al Congreso bases para el sistema anticorrupción

 

-Subraya Pérez llegada de leyes secundarias para concretar andamiaje jurídico

-Indicó que la reforma de Hidalgo fue calificada por el Imco como satisfactoria

TODO EN TIEMPO

 

Jocelyn Andrade

p3-iniciativasRecibió el Congreso local las iniciativas para las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales serán analizadas por las comisiones correspondientes.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la LXIII Legislatura, María Luisa Pérez, indicó que si bien están sentadas las bases para la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción estas leyes son necesarias para concretar el andamiaje del mismo.

Recordó que el pasado 6 de abril la LXIII Legislatura aprobó la reforma constitucional en materia anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, que fue totalmente avalada el 11 de mayo al recibir las sanciones de más del 50 por ciento de los ayuntamientos.

Enfatizó que la reforma de Hidalgo fue calificada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) como satisfactoria, por lo cual ahora corresponde analizar, discutir y dictaminar las ocho leyes que forman parte del paquete.

Las leyes que se modificarán son: Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; Ley Orgánica de la Administración Pública; Código Penal del Estado de Hidalgo; Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado; Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Además se crea la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, uno de los ejes del sistema, pues se encargará de resolver acusaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y órganos de control internos, de entidades públicas estatales y municipales, en lo que se refiere a faltas administrativas graves.

También crearán la Ley de Fiscalización y será presentada por el Congreso; ésta dejará sin efecto la actual Ley Orgánica de la ASEH, con la cual se podrán llevar a cabo auditorías en tiempo real.

El pasado 27 de mayo de 2015 se implementaron las reformas que sientan las bases a escala nacional para prevenir y perseguir actividades ilícitas relacionadas con el uso indebido de recursos, posteriormente aprobadas el 6 de julio de 2016.

Los 32 estados del país tienen hasta el 18 de julio para la implementación de los sistemas locales anticorrupción y tendrán seis meses para que entren en vigor las modificaciones que se realicen.