Resistencia al cambio afecta estructura contra corrupción

-Lamentó el dirigente estatal de la Coparmex renuencia de algunos grupos

-Todos deben participar y construir un andamiaje efectivo y con transparencia

LEGADO HISTÓRICO

 

Alberto Quintana

p4-coparmexEl andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción es apenas un primer paso en la construcción de ese piso firme, debe perseverarse su cabal construcción e implementación,  afirmó el dirigente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Consideró que existen resistencias de grupos políticos y funcionarios que se oponen al cambio, otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar.

Por ello las organizaciones civiles, académicas y empresariales presentaron las actividades de #VamosPorMás, contra la corrupción, impunidad y violaciones graves de Derechos Humanos, enfermedades que minan la salud de la nación.

Este fenómeno se ha agudizado en los últimos años, creando un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar la transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, por lo que creció la problemática y llegó a un punto insostenible.

“Los más de 634 mil ciudadanos que impulsamos la iniciativa ciudadana 3 de 3 y el primer paquete legislativo anticorrupción, lo hicimos para desterrar la corrupción, impunidad y deben seguirse planteando ideas, haciendo propuestas y exigiendo derechos”.

Agregó que durante este año identificaron renuencia de algunos Congresos locales a trabajar con las organizaciones civiles y académicas de los estados mediante la figura de Parlamento Abierto.

La más evidente expresión de esa resistencia ha sido atacar, sin fundamento alguno, la forma en la que fueron seleccionados los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes están a la cabeza del Sistema Anticorrupción.

“Necesitamos fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción,  se habrá de trabajar para proponer y exigir al gobierno federal, Congreso de la Unión, a los gobernadores y  Legislaturas locales una reforma constitucional y legal que resulte en una Fiscalía General no sólo autónoma, sino independiente, eficaz y con los controles democráticos adecuados”.