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Andrés Torres Aguirre

Andres Torres AguirreLa detención de Sergio Islas, exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, por presunto desvío de 77 millones de pesos cierra el primer capítulo de un proceso de regulación en el servicio público estatal, pero abre otro más interesante que ver con acciones punitivas que, de concretarse, dejarán un precedente histórico.

La detención del exfuncionario no fue un asunto complejo, ya que desde que inició la denuncia en su contra, el también abogado interpuso varios amparos y jamás se ocultó. Buscó defensores, eso sí, pero tampoco quiso gastar mucho en ese tema, quizás porque sabe algo que aún no sale a la luz.

Previo a la detención del exdirector, la policía aprendió a exfuncionarios administrativos de Radio y Televisión que hicieron efectivo el concepto legal conocido como criterio de oportunidad y “negociaron” su libertad a cambio de señalar a los responsables de los desvíos.

De esta forma las investigaciones fueron sustentadas y consiguieron las pruebas de que en varias adquisiciones no se realizaron las licitaciones correspondientes pero sí otorgaron la adjudicación directa.

La defensa de Islas buscará ampararlo de la orden de prisión preventiva y quizás llevar el proceso hacia la ruta administrativa, donde el señalado pueda argumentar que si incurrió en faltas fueron de ese tipo sin alcanzar como pena la cárcel sino una inhabilitación.

Pero si en Radio y Televisión hay desvíos millonarios, nada se comparan a los que supuestamente señalan al exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Pablo Pérez. Ayer dieron a conocer un nuevo desfalco millonario (más de 600 millones de pesos) perpetrado durante la pasada administración en el Sector Educativo y ahora la pregunta ya no es saber si detendrán a los culpables sino: ¿cuántas anomalías más surgirán?

 

  Twitter: @bamtorre

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