Aprueba Congreso local el retiro del fuero; por fin

 

-Coincidieron legisladores en necesidad de quitar prebenda a servidores

-Hidalgo es la doceava entidad federativa en el país en lograr esa reforma

ÚLTIMA SESIÓN

 

Jocelyn Andrade

p3-fueroAprobó el Congreso local la reforma constitucional en materia de Inmunidad Procesal, con lo cual se retira el fuero a servidores públicos, una iniciativa presentada por el gobernador Omar Fayad el pasado 2 de marzo, como parte del paquete del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el último día de sesiones del segundo periodo ordinario del primer año de actividades legislativas, los representantes de las distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que el fuero era innecesario en la actualidad.

En su participación en pro, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Baños Gómez, señaló que actualmente ya no hay justificación de conservar el fuero para ningún servidor público.

Con esta modificación a la Constitución Política de Hidalgo se convertiría en la doceava entidad en eliminar la Inmunidad Procesal para servidores públicos, lo cual afirmó, no se antepone a lo estipulado en la Constitución Política de México, pues en ella se establece esta figura para servidores federales, no así para los de estados y municipios, que fue lo que aprobó la LXIII Legislatura.

Enfatizó que esta reforma abona a la correcta aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), pues elimina candados para perseguir y castigar a funcionarios.

Las modificaciones establecen que la responsabilidad de cualquier servidor público por delitos del orden común será exigible conforme a la legislación penal aplicable a escala local, sin requerir declaración de procedencia o trámite adicional alguno, lo cual garantiza la igualdad en aplicación de la ley y el acceso a la justicia imparcial para todas las personas.

El Ministerio Publico deberá realizar las investigaciones pertinentes para asegurarse de que las denuncias o procesos penales instaurados en contra de alguna de las personas que ocupan cargos públicos de los enunciados en el artículo 149 y el primer párrafo del artículo 150, no respondan a censura, venganza o persecución política.

Este dictamen, al ser una iniciativa de reforma constitucional, se turnará a los 84 ayuntamientos para la sanción correspondiente en los respectivos cabildos hasta completar el 50 por ciento más uno.