UAEH; suspensión al decreto 228

RECURSOS. Interpondrán autoridades de la máxima casa de estudios estatal un amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación para solicitar que este ordenamiento, aprobado por el Congreso local, quede

ADOLFO PONTIGO

GOBERNADOR

p5-UAEH 3 ESPECIALEnfatiza Omar Fayad Meneses que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está en todo su derecho de inconformarse con el decreto 228 y si su deseo es apelar ante instancias federales, lo puede hacer con libertad

Adalid Vera

En breve las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) interpondrán un amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, para solicitar la suspensión del decreto 228 promulgado por el Congreso local y, así, dejarlo sin efecto.

Dicho decreto pretende interponer en la universidad a un contralor externo a la institución, que se encargue principalmente de fiscalizar y auditar los recursos económicos.

La universidad se opone a esta situación porque considera una “grave” imposición la idea de que alguien ajeno a la comunidad se involucre en el quehacer tanto educativo como económico, cuando por años estas son actividades que la misma universidad lleva a cabo.

Desde hace varias semanas la máxima casa de estudios fijó su postura en contra de los órganos de control interno a través de redes sociales y de lonas colocadas a las afueras de diversos edificios, entre ellos institutos, preparatorias, el edificio de Abasolo, Ciudad del Conocimiento (antes Ciudad Universitaria) y Garza Gas, pero fue hasta el lunes 6 de noviembre cuando las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre el suceso y aclarar dudas ante la prensa local en las instalaciones del Centro de Negocios Universitarios.

 

LA UAEH SE LEGITIMIZA. Hacia diciembre de 2015 el Congreso local aprobó la Ley Orgánica de la universidad que contempló varios cambios que le permitieron legitimarse jurídicamente, aunque entró en vigor hasta el 1 de enero de 2016.

A consideración de la propia Cámara de legisladores se analizó el cambio a la ley que permitió la creación de nuevas figuras con poder de mando (que si bien algunas ya funcionaban desde hace años, se les dio el carácter legal como al Patronato), mientras que otras de reciente creación se afianzaron, como el defensor universitario.

Esta primera reforma a la Ley Orgánica fijó tres autoridades: el Honorable Consejo Universitario, compuesto por exrectores como Gerardo Sosa, Humberto Veras, Juan Manuel Camacho, Juan Manuel Menes, los dirigentes de ambos sindicatos de trabajadores, el académico que agrupa casi a 4 mil docentes, y el de administrativos que suma a más de mil personas, así como el director del Área Jurídica; reconoció al Patronato Universitario (cuyas oficinas se encuentran en CEUNI) integrado por José Manuel Covarrubias Solís, Patricio Arriaga Alarcón, Carlos Daniel García Reyes, Guillermo Sánchez Arrieta y ratificó a Gerardo Sosa Castelán, como presidente del mismo organismo; y la tercera figura que alcanzó legalidad fue la del defensor universitario encargado de velar los intereses de docentes, administrativos y alumnos, además de respaldarlos jurídicamente ante las adversidades en las que pudieran verse involucrados.

La autoridad más antigua es el Consejo Universitario que en ella recaen todos los asuntos de mayor envergadura, los que requieren ser analizados y aprobados o rechazados en su defecto, cuya decisión es inapelable. El Patronato es un organismo que básicamente se centra en la gestión de recursos económicos ante la federación y busca convenios con instancias, empresas y otras universidades que permitan el crecimiento de la universidad. Mientras que el defensor universitario plantea la solución de controversias laborales o académicas como una primera instancia, que antes se resolvían ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH) y Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otras instancias.

SEGUNDA REFORMA. Si la primera reforma otorgó poderes y respaldo jurídico a las figuras que están involucradas en la toma de decisiones, la segunda modificación a la Ley Orgánica le restó impacto a la autogobernanza  de la UAEH, es decir se consideró necesaria la presencia de un órgano de control que supervisara el quehacer de la institución, porque por más de 140 años de servicio nunca rindió cuentas ante nadie.

A pesar de que el Congreso local insiste en que el órgano de control no se involucrará en la toma de decisiones educativas, es decir respecto a planes y programas educativos, las autoridades universitarias insisten en que sí lo hará porque los diputados le dan ese poder. Los legisladores hidalguenses subrayan que no se violenta la autonomía de la máxima casa de estudios, se trata más bien de responder ante alguien sobre la ejecución de recursos económicos.

POSTURA DE UNIVERSITARIOS. Aseguró el rector de la universidad, Adolfo Pontigo Loyola, que la autonomía está decretada por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que interponer un órgano de control violenta esa autonomía, ya que ellos cuentan con su propio contralor interno, además ha sustentado del 2007 al 2016 27 auditorías, en su mayoría realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las restantes fueron practicadas por la Secretaría de la Función Pública, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), mismas que se atendieron y subsanaron.

REACCIÓN. Como el Congreso no dará marcha atrás con el decreto 228, la universidad prepara un amparo que asegura será un éxito, para evitar la llegada de ese órgano que tenga control sobre las actividades de la universidad. Pero en caso de que no tengan la respuesta esperada del Poder Judicial de la Federación, las autoridades universitarias fomentarán movilizaciones estudiantiles para lograr presión social.

CONTRAPARTES. Aseveró el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, que la UAEH está en todo su derecho de inconformarse con el decreto 228 y que si su deseo es apelar ante instancias federales, lo puede hacer con libertad. Sentenció que no está detrás ni metiendo mano en la situación, y que espera que esto se solucione de la mejor manera posible.

Pero, las autoridades universitarias no creen lo mismo y aseguran que “alguien” quiere frustrar el crecimiento de la máxima casa de estudios del estado, aunque no sabe cuál es el motivo político real.

La realidad es que el decreto trastoca fibras muy sensibles para los universitarios (como lo es el dinero que recibe y que opera), a tal grado de no temer usar todos los recursos que estén a su mano para echarlo abajo.