Subraya Delmar labor para frenar a los huachicoleros en la entidad

-Expuso que son diversos los municipios donde el problema creció demasiado

-Detalló los esfuerzos de elementos para decomisar unidades y los hidrocarburos

MAYOR RECUPERACIÓN

Alberto Quintana

p4-delmarDurante el presente año la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguró 1 millón y medio de litros de combustible de tomas clandestinas, afirmó el titular de la dependencia, Mauricio Delmar Saavedra.

En los diversos operativos que aplican elementos de Seguridad Pública han detenido a un promedio de 80 personas y 800 unidades aseguradas, producto del combate al huachicoleo en Hidalgo.

Comentó que los principales municipios donde se registra el mayor número de tomas clandestinas son Tulancingo, Cuautepec, Santiago Tulantepec, Tula y Ajacuba.

El funcionario expuso que en donde recrucen los ataques a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) es donde se concentra el robo de combustible por parte de los llamados huachicoleros.

Actualmente se incrementan las agresiones contra elementos de SSPH y municipales, ya que se les está pegando muy fuerte a los criminales.

En la medida de las posibilidades y de acuerdo con las instrucciones del gobernador Omar Fayad se combate este delito federal en la entidad.

Afirmó que la dependencia estatal a escala nacional es la que registra mayor número de decomisos de hidrocarburo, unidades puestas a disposición y que generan un conflicto porque se carece de corralones.

Otro de los problemas que prevalece es que algunas empresas de grúas reciben agresiones por parte de los llamados huachicoleros, porque se llevan sus unidades.

El llamado a Pemex es que apliquen nuevas estrategias en el robo de combustible, ya que las tomas clandestinas no son selladas como se requiere.

Esta situación implica que los delincuentes regresen de nueva cuenta, ya que el robo de combustible se popularizó, la venta se hace en diversos puntos, aparte de las gasolineras y las empresas transportistas que adquieren este producto por su bajo costo, por lo cual se considera delincuencia organizada y le compete a la Procuraduría General de la República (PGR).