Debate por Ley de Seguridad Interior; Fayad sí la respalda

-Para el gobernador dicho ordenamiento garantizaría mejor seguridad en México

-Indicó que es necesaria la presencia del Ejército en estado ante los huachicoleros

OPINIONES DIVIDIDAS

Jocelyn Andrade

p4-ley 2El pasado viernes entró en vigor la denominada Ley de Seguridad Interior, misma que a lo largo de su proceso legislativo generó controversia entre diversos sectores y que aún continúa bajo algunos cuestionamientos.

El objetivo primordial de esta ley es regular la función del Estado para preservar la seguridad interior en el país, así como establecer las bases, los procedimientos y las modalidades de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los ayuntamientos en la materia.

Sin embargo, tras los serios cuestionamientos de organismos tanto nacionales como internacionales, entre los que se incluyeron la Organización de las Naciones Unidas (ONU), será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que resuelva finalmente la procedencia o no de dicha ley.

El decreto que expidió esta legislación fue publicado el 20 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero no se emitió su declaratoria de protección, hasta que la SCJN resuelva su constitucionalidad, por ello el máximo tribunal deberá iniciar la discusión una vez que ya se promulgó, pues antes de ello no podía pronunciarse en el tema.

 

HIDALGO PIDE PRESENCIA DEL EJÉRCITO. Esta misma semana que concluyó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, manifestó al interior de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que su gobierno requiere el apoyo del Ejército, con el estricto fin de combatir el robo de hidrocarburos en la entidad.

“Yo personalmente he pedido públicamente la presencia de Ejército y la Marina para las regiones donde se me puede descomponer por la vecindad o cercanía con algún lugar complejo o por otras razones en el incremento al robo de combustible”.

Además celebró que con esta ley se otorgará a las fuerzas armadas un marco jurídico donde los verdaderos beneficiados serán los ciudadanos.

“Yo creo que era fundamental para México y los mexicanos darle un marco jurídico y una certeza a las fuerzas armadas y al trabajo que están haciendo a favor de todos los mexicanos, en este momento necesitamos de todas las instituciones para salir adelante en el tema de la Seguridad Pública”.

Esto, consideró el mandatario estatal, porque la delincuencia no respeta la división política sino que actúa en todo momento, en todo lugar, en todo el territorio nacional.

 

PANORAMA. Cabe decir que en Hidalgo creció considerablemente el robo de hidrocarburos a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) este año, con respecto al 2017, pues de enero a agosto la paraestatal detectó 613 tomas clandestinas repartidas en 23 municipios hidalguenses, mientras que el año pasado el número total de tomas detectadas fue de tan sólo 344, también en 23 municipios.

Por ello el mandatario estatal solicitó de manera pública la presencia del Ejército en el estado, sobre todo en aquellos municipios en los cuales se incrementó de manera considerable el robo de los combustibles, como el caso de Tula de Allende, Tlaxcoapan y Tezontepec de Aldama, en la región sur o Cuautepec y la zona Tulancingo, además de San Agustín Tlaxiaca y la propia capital del estado, donde este año que termina también hubo incidencias de este tipo registradas y atendidas por las autoridades correspondientes.

 

PAN EN CONTRA. El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso Local, Luis Baños Gómez, afirmó que la Ley de Seguridad Interior no resuelve el problema de inseguridad que actualmente y desde hace años vive el país.

Indicó que el homicidio doloso, junto con el secuestro y la extorsión, son los delitos que más afectan a la sociedad en su conjunto y los cuales implican además altos niveles de violencia.

“Cifras recientes nos dan cuenta de que octubre fue el mes con más homicidios dolosos desde que se tienen registros”.

Enfatizó que la reciente aprobación de la mencionada ley no resuelve el problema de fondo; “hoy México padece los peores índices de inseguridad en su historia, con cifras récord en homicidios dolosos y secuestros. Por ello sabemos de la necesidad de capacitar, equipar y fortalecer a nuestros cuerpos policiales y, a la par, darle a las fuerzas armadas un marco jurídico adecuado para regular su actuación en todo el país”, subrayó el “blanquiazul”.

 

PUNTOS CLAVE. El artículo 11 del mencionado ordenamiento establece que el Presidente de la República podrá ordenar, por sí mismo o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, la intervención de la federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior; es decir, una intervención del Ejército y/o la Marina en aquellas zonas de conflicto donde sea necesaria esa presencia.

Lo anterior cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interior, que “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderlas”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la seguridad nacional”.

Al existir las condiciones de amenaza mencionadas en el punto anterior, el Presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la federación y expedirá, dentro de las 72 horas siguientes, la declaratoria de protección a la seguridad interior”.

Al expedirse dicha declaratoria, deberá tener el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional, y luego la Secretaría de Gobernación deberá notificar a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para proceder a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, en el artículo 16 también se establece que “en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”, el Presidente de la República, “bajo su estricta responsabilidad”, podrá ordenar acciones inmediatas de las fuerzas armadas.

Lo anterior, se señala, “sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de protección a la seguridad interior en el menor tiempo posible”.

En el artículo 7 se establece además que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo políticoelectoral que se realicen pacíficamente, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.

En el artículo 15 se señala que al emitirse la declaratoria de protección a la seguridad interior, deberá fijarse el plazo de la intervención de las fuerzas armadas, “la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia cesará dicha intervención, así como las acciones de seguridad interior a su cargo”.

No obstante, las condiciones y vigencia de la declaratoria de protección a la seguridad interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique la continuidad de las acciones.

En la ley se establece también que las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Al realizar tareas de inteligencia las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

MEXICANOS PRIMERO. La organización Mexicanos Primero emitió un decálogo de amenazas que, bajo su perspectiva, estarían presentes en esta ley.

Los 10 puntos publicados son: se da a las fuerzas armadas facultades de policía, como permitirles acciones preventivas a su criterio; no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, sólo menciona que se respetarán; permite a las fuerzas federales, entre las que se incluyen a los militares, intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas.

Además indicó que existe una mala regulación del uso de la fuerza, al tiempo que se remiten a protocolos deficientes y no supervisados; ataca la transparencia, al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial; no impone límites de tiempo o las afectaciones de seguridad interior.

De igual forma mencionó que no obliga a que las autoridades estatales y municipales fortalezcan a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas; fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil; no establece controles ni contrapesos robustos, únicamente habla de que el secretario de Gobernación remita un informe a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión; las definiciones imprecisas permiten que todo quepa en la figura de seguridad interior.

 

ONU PIDE FRENO. En su momento, el alto comisionado de la ONU, ZeidRa’ad Al Hussein, pidió frenar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior y llevar a cabo un debate “abierto e inclusivo” sobre los problemas de seguridad ciudadana.

Mediante una carta enviada al Senado de la República en México, el representante de la Naciones Unidas manifestó que la legislación “es muy inquietante” y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.

Asimismo ofreció que la representación en México de la ONU proporcione asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar “los graves desafíos” que enfrenta el país en materia de seguridad.

Sin embargo, dicha propuesta no fue tomada en cuenta y se aprobó con mínimos cambios en ambas cámaras del Congreso de la Unión.