Requiere diputada activación de alarmas por bien de mujer

-Propuso Vieyra mecanismo y reforma para contrarrestar a la violencia

-Admitió la legisladora dicha necesidad ante feminicidios en la entidad

POSIBLE SOLUCIÓN

Jocelyn Andrade

Atender la problemática de violencia contra las mujeres y niñas del estado, e implicar a la sociedad y al gobierno en la erradicación, es el propósito de la iniciativa que presentó la diputada, Marcela Vieyra Alamilla, para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.

El planteamiento prevé la activación de una alerta de violencia de género, la cual será el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Dicha alerta tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de mujeres, el cese de violencia en su contra y eliminar desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

Para ello deberá establecerse un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que brinde el seguimiento respectivo; implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres.

Asimismo tendrá que asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres y hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Esta alerta se emitirá cuando: los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y los organismos de derechos humanos, así lo soliciten.