Listo acuerdo IEEH para presentar declaraciones

-Conforme a lineamientos requeridos para los sujetos obligados que contempla nuevo marco anticorrupción

SERVIDORES PÚBLICOS

Rosa Gabriela Porter

Difundieron el acuerdo administrativo del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral (IEEH), que define criterios respecto a plazos y procedimientos para presentación de declaraciones de situación patrimonial, así como de intereses y fiscal de servidores públicos obligados con motivo de la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción y Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.

El órgano del IEEH emitió el acuerdo 01/2018 para especificar lineamientos, reglas y periodos de presentación de declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de servidores públicos obligados.

Cabe mencionar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone en sus numerales 32, 33 y 34 los sujetos obligados a presentar declaraciones ante el órgano interno de control, prácticamente todos los funcionarios públicos del país tendrían que entregar dichos documentos a más tardar a finales de mayo.

Sin embargo, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción todavía no define formatos de declaraciones, por lo que solamente estarán obligados a presentar dicha documentación encargados de departamentos en todos sus niveles, subdirectores, directores y consejeros del IEEH.

“La obligación de servidores públicos para presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses que no se encontraba como obligatoria hasta antes del 19 de julio de 2017, será exigible a partir del momento que el Comité Coordinador del Sistema Nacional

Anticorrupción informe de manera oficial los formatos que aplicará para presentación de dichas declaraciones y estos se encuentren operables”.

Asimismo mencionó que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas en tanto el Comité Coordinador emita formatos respectivos, para que los rubros que pudieran afectar la vida privada o datos personales protegidos por la Constitución Política queden en resguardo de las autoridades competentes.