Recta final en LXIII Legislatura; un cierre con varios resbalones

-Será recordado el actual Congreso por poner cimientos para sistema anticorrupción

-Pero también por correcciones de plana de diversos órganos en la escala nacional

FIN DE CICLO

Jocelyn Andrade

Concluirán en septiembre próximo las actividades de la LXIII Legislatura de Hidalgo, la cual tuvo al menos cuatro acciones de inconstitucionalidad en los casi dos años de actividades que lleva hasta el momento.

El 4 de septiembre de 2016 ingresaron los 30 legisladores hidalguenses, 18 electos de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, quienes tuvieron en sus manos reformas relevantes como la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Sin embargo, en cuando menos cuatro ocasiones las instancias federales “corrigieron la plana” al Congreso local, al interponer acciones de inconstitucionalidad, como fue el caso del amparo que interpuso el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ante un tribunal federal, contra la ley del SEA de Hidalgo (SEA).

Dicho amparo fue porque la ley estatal no correspondía a lineamientos generales, al tener ocho miembros en el Comité Coordinador del SEA, mientras que el SNA sólo cuenta con siete y al haber número par no se pueden hacer desempates.

El SNA contempla que el Comité Coordinador esté integrado por: presidente del Comité de Participación Ciudadana, titular de la Auditoría Superior de la Federación, titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, así como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En tanto en Hidalgo el SEA estaba conformado por un representante del Comité de Participación Ciudadana, titular de la Auditoría Superior del Estado, titular de Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, titular de Secretaría de Contraloría, representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado, titular de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y cinco representantes de contralorías municipales, que tendrán un solo voto.

Otro de los motivos del amparo fue que los ayuntamientos no necesitan tener representación, pues ya están contemplados en los órganos fiscalizadores.

 

CÓDIGO PENAL. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNHD) también solicitó un recurso de inconstitucionalidad por la modificación que el Congreso de Hidalgo realizó el 11 de diciembre de 2017 al Código Penal, relacionado con la tipificación del delito de tortura.

El organismo demandó entonces la acción, tras asegurar que el Poder Legislativo realizó una “doble y deficiente tipificación del delito de tortura”.

En su denuncia, la CNDH consideró como concepto de invalidez el cambio efectuado por los legisladores locales, pues afirmó que el Código Penal para el Estado de Hidalgo “establece una tipificación deficiente del delito de tortura al no prever la totalidad de las conductas por las que se configura”.

Al realizar la corrección, el Congreso hidalguense lo actuó de manera equivocada y por ello se hizo acreedor a una segunda acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH derivada de la misma norma, pues se realizó una doble tipificación, lo cual vulneraba los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia de las víctimas y al principio de legalidad, además de que se incumplía la obligación del estado de investigar y sancionar dichos ilícitos penales.

Además los diputados en la ley local establecieron una sanción menor para el delito de tortura, pues mientras a escala nacional las penas van de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa, en lo local se estipulaba prisión de tres a 12 años y multa de 200 a 500 días.

 

CONCILIACIÓN LABORAL. En mayo pasado, la CNDH nuevamente promovió una acción de inconstitucionalidad a la ley que crea el Centro de Conciliación Laboral, tras considerar que fue discriminatoria por solicitar en los requisitos para ser director de la institución que los aspirantes fueran mexicanos de nacimiento.

El documento ACC-INC-2018-50 señala que el hecho de que la ley de Hidalgo establezca el término “por nacimiento” vulneraba el derecho de igualdad y la prohibición de no discriminación con base en el origen nacional de las personas, al establecer como uno de los requisitos para poder ejercer el cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Hidalgo, el ser ciudadano mexicano por nacimiento, excluyendo a aquellas personas cuya nacionalidad mexicana no sea adquirida por nacimiento.

“Lo anterior constituye una distinción injustificada respecto de aquellos connacionales por naturalización, tal y como lo prevé el artículo 30 constitucional, donde establece las formas en las que se adquiere la nacionalidad mexicana: por nacimiento y naturalización”, citó la referida acción de inconstitucionalidad.

Sin embargo, el Congreso ingresó los documentos correspondientes para defender la legislación, bajo el argumento de que la ley de Chihuahua también considera este requisito y a esa entidad no se le derivó una acción.

En su momento, la presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, consideró que esta acción era un exceso, pues existen otros ordenamientos tanto nacionales como estatales en los cuales se pide ser mexicano por nacimiento, tal es el caso de los requisitos para aspirar a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con este tipo de situaciones que obligaron a la corrección de normativas culmina un periodo más del Poder Legislativo, que será renovado con la elección de hoy, en la que incluso algunos integrantes buscarán la reelección.