Ilegalidad y cobardía

Leonardo Herrera

El caso del ahora excoordinador del Partido del Trabajo (PT), Arturo Aparicio Barrios, es condenable por decir lo menos por donde se le quiera ver, pero no sorprende, pues la conducta de él ha dejado antecedentes de violencia, abusos, aprovechamiento, enriquecimiento y el uso de la membresía petista para su beneficio personal, como lo han denunciado oportunamente quienes alguna vez compartieron proyectos personales y políticos, pero es más grave aún la incompetencia e ineficacia de agentes del Ministerio Público.

Aparicio Barrios llegó con la bandera de la izquierda y logró alianzas que le rindieron frutos rápidamente, llegó incluso al Congreso del estado y ahí fueron más evidentes sus acuerdos y negociaciones que superaron cualquier posibilidad de convertirlo en una oposición política real en el estado y por momentos parecía más una organización adherente al PRI.

A la par de sus escándalos personales también trascendían viajes, lujos, conflictos familiares y continuos distanciamientos con quienes había iniciado la aventura del PT aquí en el estado, por eso quizá lo único que no deja de sorprender es la violenta manera en que actuó en contra de su expareja y madre de una de sus hijas.

Pero lo que sí deja muchas dudas y sospechas es lo hecho por el agente del Ministerio Público encargado del caso, que exhibió lo que pasa al interior de la Procuraduría y subprocuradurías, respectivamente, donde la ineptitud e incapacidad para acreditar un delito es más que evidente y deja al descubierto que no están preparados para enfrentar el Nuevo Sistema de Justicia Penal y más aún que en nuestras calles hay muchos delincuentes consecuencia de sus prácticas irregulares.

Desde un inicio generó muchas suspicacias el que la representación social consignará antes del plazo constitucional y que lo hiciera sin dictámenes periciales, psicológicos, de mecánica de hechos y uno certero del médico legista que acreditara las lesiones dolosas que mantienen en el hospital a la víctima, ¿así como? Lo único que logró es facilitar la libertad de un presunto delincuente, pues al final la jueza simplemente se basó en la ley.

No es la primera vez que en privado y público los jueces llaman ignorantes, incapaces y poco profesionales a los ministerios públicos y en consecuencia a la procuraduría estatal y sus titulares en cada una de las áreas, la pregunta entonces: ¿dónde están los miles de millones de pesos que en los últimos cinco años se destinaron a la capacitación para el nuevo sistema de justicia? Lo que no suena lógico, suena metálico, diría un periodista experto en finanzas o a menos que se haya dado otra instrucción en el caso Aparicio.