Aval a juicio político, pero sin utilización como revanchismo

-Dio el GLPRI su aprobación a que gobernador también sea sujeto

-No obstante, con reservas para no convertirse en presiones de grupos

TRASFONDOS

Rosa Gabriela Porter

Aunque el Congreso local aprobó de manera unánime que ahora el gobernador también sea sujeto a juicio político, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (GLPRI) advirtió que estará atento para que dicha figura jurídica no sea utilizada como herramienta de presión y sometimiento a otros intereses ajenos a los hidalguenses, sostuvo la coordinadora “tricolor”, María Luisa Pérez.

Durante la sesión ordinaria los diputados locales votaron por la reforma al artículo 150 de la Constitución Política hidalguense, respecto a los funcionarios que tienen la posibilidad de enfrentar un juicio político, pues señalaba a legisladores, auditor, titulares de administraciones municipales, síndicos, regidores, magistrados, secretarios o directores del Poder Ejecutivo u organismos públicos autónomos y descentralizados; sin embargo, el gobernador no aparecía en dicha ley.

“En un acto de congruencia con el reclamo social y entendiendo que no existe justificación alguna para excluir al gobernador de la posibilidad de ser sujeto de juicio político, ya que todo servidor, sin excepción, debe tener un desempeño ejemplar y responder ante la ciudadanía por su actuar público”, señaló el dictamen.

Para abonar en el tema la coordinadora parlamentaria del PRI reconoció que los tiempos cambiaron y es necesario ajustarse a ello, pues el partido coincide en que no deben existir ningún tipo de privilegios en Hidalgo para ningún funcionario público.

Recordó que el gobernador Omar Fayad Meneses impulsó una reforma para eliminar la inmunidad procesal o fuero constitucional, además de otras diligencias para el combate a la impunidad y corrupción, por ello mencionó la importancia de no desvirtuar el tema y convertirse en instrumento para revanchas políticas.

“Estaremos pendientes de que el juicio político no sea utilizado como una herramienta jurídica de presión y sometimiento para atender a otros intereses que no son precisamente los de la sociedad hidalguense, sino en beneficio de grupos políticos”.