Sin quejas por retrasos en respuestas de transparencia

ÁNGELES QUEZADA

Rosa Gabriela Porter

Aún con las quejas de ciudadanos y particulares por el retraso en la entrega de información pública mediante la plataforma Infomex, específicamente aquellas dirigidas al Poder Ejecutivo, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Susana Ángeles Quezada, puntualizó que no hay planteamientos formales ante la comitiva del Congreso.

De acuerdo con los reglamentos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIH), los sujetos obligados tienen un plazo no mayor a los 20 días hábiles, a partir de la recepción de solicitudes.

No obstante, son diversos los señalamientos por parte de medios de comunicación e hidalguenses que requieren cierta información al Poder Ejecutivo, partidos políticos y otros organismos autónomos, pero tardan en contestar y en ocasiones rebasan los lapsos legales para interponer recursos de revisión.

“Hasta el momento no nos ha llegado un asunto como esos, de esa naturaleza, que sea de conocimiento de la comisión, sin duda se dan los casos, sin embargo, no se han acercado formalmente con una situación como esas, pero es importante que el ciudadano sepa que hay plazos que se tienen que respetar”.

La diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insistió que la ciudadanía tiene el derecho a la información y conminó a conocer las herramientas legales disponibles, en caso de que algunos de los sujetos obligados omitan estas responsabilidades en la materia.

“Los ciudadanos tienen un derecho para qué, si las respuestas no les satisface, ellos puedan acudir a otra instancia, sobre todo si la calidad de la información no es la esperada, pueden recurrir al ITAIH”.

Para el siguiente periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción prevé la discusión sobre las reformas a la ley local, con la intención de incluir en el ordenamiento local los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que exista autonomía en el diseño de reglamentos secundarios.