Legislar por y para la gente con discapacidad

– Sala Superior mandató al Congreso hidalguense para que lleve a cabo las adecuaciones legales necesarias

RESOLUCIÓN

Rosa Gabriela Porter

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso hidalguense que legisle a favor de personas con discapacidad, a fin de que accedan a candidaturas y cargos públicos, a la soberanía todavía no la notifican sobre dicha resolución, además, estas adecuaciones entrarían en vigor después del proceso comicial de ayuntamientos.

El pleno resolvió el juicio 1282, que promovió el ciudadano, José Alfredo Chavarría Rivera, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), la cual declaró la inexistencia de una omisión por parte del Congreso para garantizar el derecho de participación y representación política de las personas con discapacidad.

Los magistrados federales decretaron por unanimidad que el agravio es fundado, en cuanto la incorrecta determinación del TEEH, pues en el caso si actualiza el supuesto de omisión legislativo, pues aunque ya emitieron una normativa respecto a la inclusión de personas con discapacidad, “su regulación es incompleta al no cumplir con el mandato de tratados internacionales suscritos por el país”.

Entonces, la Sala Superior mandató al Congreso hidalguense para que lleve a cabo las adecuaciones legales necesarias a fin de incluir acciones afirmativas para este sector de la población, con ello garantizar su postulación a cargos de elección popular, así como su incorporación en el servicio público.

Asimismo, debido a que el proceso electoral para definir 84 ayuntamientos en Hidalgo comienza formalmente el próximo 15 de diciembre y las elecciones serán el 7 de junio del 2020, las medidas deberán ser avaladas por el Congreso para los siguientes comicios de diputados locales, a celebrarse en 2021.

En la sentencia señalan que en caso de que el Congreso no legisle, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH) queda vinculado a diseñar los lineamientos respectivos, a partir de consulta prevista en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expedirlos 90 días antes del inicio de dicho proceso electoral.