Verdadero compromiso es una democracia incluyente

Organización Ciudadanía y Gerencia Social apoyó a Alfredo Chavarría

Jocelyn Andrade

Solicitó la Organización Ciudadanía y Gerencia Social, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), realizar acciones afirmativas y se garantice la protección de los derechos político-electorales de personas con discapacidad, tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual ordenó al Congreso de Hidalgo legislar a favor de las personas con discapacidad en materia político-electoral.

El dirigente de ésta, Arturo Copca Becerra, afirmó que el verdadero compromiso es una democracia incluyente y luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo resolvió que no había omisiones, se tomó la determinación de impugnar la sentencia en la Sala Superior, la cual ordenó al Congreso que realice la legislación correspondiente.

Sin embargo, a unos días de que inicie el proceso electoral, el 15 de diciembre próximo, y ante la premisa de que no se pueden realizar modificaciones en la materia en menos de 90 días del inicio del proceso, se solicitó al órgano electoral garantice la inclusión de este sector.

Indicó que su organización apoyó a Alfredo Chavarría Rivera para interponer la demanda de legislar a favor de este sector de la población vulnerable, pues tienen el compromiso no exclusivamente para los temas en los cuales se constituyeron, no sólo defender a los sectores o grupos a los cuales pertenecen, el verdadero compromiso es contar con una democracia incluyente.

Derechos

La idea de que el Congreso legisle en favor de este sector es garantizar la representación en candidaturas a cargo de elección popular, de forma que se buscó la asesoría y orientación de personas especializadas, por lo que acudieron al Instituto Nacional Electoral, en  la Unidad Técnica  de Género y no Discriminación donde se les dio apoyo.

Aseveró Arturo Copca Becerra que la demanda estaba fundada y por tal motivo el Tribunal federal les dio la razón, pese a que el local, afirmó que no existía tal omisión y las personas con discapacidad no tenían derecho a esta acción afirmativa, por lo cual se tomó la decisión de impugnar el juicio ciudadano en Sala Superior. (Jocelyn Andrade)