Continúa análisis a favor de la denominada Ley Olimpia

-Estudian diputados locales tipo de sanciones que deberán incluirse en este tema

-Además de compararse ya con otras entidades federativas, para ser vanguardistas

DISCUSIÓN INTERNA

Rosa Gabriela Porter

Aunque el Congreso local ya aprobó algunas disposiciones sobre la denominada Ley Olimpia, relativa a la violencia digital, faltan por definir las sanciones hacia quienes cometan este tipo de delitos, de acuerdo con el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Víctor Guerrero Trejo, prevalece el análisis con otras legislaciones para ubicar a Hidalgo en la vanguardia con este tema.

En septiembre, el pleno de la LXIV Legislatura aprobó el reconocimiento a la violencia digital como cualquier acto que ocurre en las tecnologías de la información y comunicación, plataformas de internet, redes sociales o correos electrónicos que atenten contra la integridad, dignidad o intimidad de las féminas, estas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado forman parte del paquete de reformas para combatir ciberacoso.

No obstante, estas permutas todavía no contemplan sanciones para quienes cometan este tipo de manifestaciones como ciberacoso, hostigamientos, amenazas, insultos, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos o fotografías, videos o datos personales, entre otros.

“La sanción determinada vamos a valorarla, revisar en la comisión para ver por cuánto tiempo queda tipificado este delito, pues obviamente es marcar a Hidalgo como vanguardia y, sobre todo, revisarlo con otros estados para verificar cómo tipificaron y poner el ejemplo”.

Cabe recordar que dentro de las propuestas sobre el tema, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Areli Miranda, planteó como sanciones de 11 meses a tres años de prisión, así como multas de 50 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En otras entidades, como Nuevo León, este delito prevé hasta ocho años de cárcel, mientras que en Ciudad de México de tres a seis años.