Anula corte manoseo a reforma de morenistas

-Desechó iniciativas promovidas por integrantes del Grupo Universidad

-Al establecer que incumplieron con la consulta a favor de indígenas

INCONSTITUCIONALIDAD

Rosa Gabriela Porter

Anuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el decreto 203 que reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo, debido a que el Congreso local incumplió con las especificaciones constitucionales para efectuar una consulta indígena previa, libre e informada; reformas promovidas por la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), encabezada por Ricardo Baptista.

Tales acciones de inconstitucionalidad, 108/2019 y acumulada 118/2019, interpuestas por el partido local Más por Hidalgo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), requirieron la invalidez de la Reforma Electoral publicada el pasado 9 de septiembre, debido a las carencias por parte de la soberanía hidalguense para consumar los ordenamientos legales que datan del 22 de mayo de 2015.

En la citada fecha el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la obligación por parte de las Legislaturas locales de cumplir con el artículo 5, párrafo 16, fracción tercera de la Constitución Política, además de instituir en el Código Electoral disposiciones que garanticen la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas.

Para ello el Poder Legislativo realizó una consulta autóctona celebrada el pasado 5 de agosto y culminó con diversas reformas al ordenamiento electoral.

En la resolución el pleno de la SCJN decretó que el Congreso hidalguense violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada, establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Asimismo encontró múltiples deficiencias; por ejemplo, no respetaron el plazo entre la convocatoria para la consulta con la fecha de su realización, descartaron comunicación constante con la soberanía, la información no fue entregada de manera oportuna, omitieron la participación de todos los pueblos nativos, además de excluir la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el correspondiente estatal, precisó la SCJN.