Paga Legislativo las ocurrencias de Ricardo Baptista y compañía

-Diversas instancias y el Ejecutivo corrigieron la plana a la bancada morenista

-Como resultado de la falta de experiencia para atender a temas en Congreso

 LAS CONSECUENCIAS

Rosa Gabriela Porter

Luego de diversos reveses por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como vetos del Poder Ejecutivo, para el siguiente año habrá pendientes en el Congreso local a fin de acatar las sentencias y corregir algunas de las impericias de la anterior presidencia de la Junta de Gobierno, encabezada por Ricardo Baptista González.

En lo que va de la LXIV Legislatura al menos son tres asuntos que el máximo órgano de impartición de justicia atendió o que están pendientes por resolver, otro mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y dos vetos que promovió el mandatario hidalguense, Omar Fayad.

En el caso de la SCJN recientemente invalidó el decreto 203 en cuanto a diversas reformas, derogaciones y adhesiones al Código Electoral del estado, respecto al incumplimiento en garantizar la participación efectiva de personas indígenas, específicamente al descartar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe hacia pueblos y comunidades autóctonas.

Tales acciones de inconstitucionalidad, 108/2019 y acumulada 118/2019, fueron promovidas por el partido local Más por Hidalgo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que requirieron la invalidez de la Reforma Electoral publicada el pasado 9 de septiembre.

Asimismo la demanda de acción inconstitucional 117/2019 contra el decreto 204 respecto las modificaciones al artículo 5 de la Constitución Política de Hidalgo, igualmente sobre inobservancia a la consulta indígena.

Recientemente también la CNDH promovió otra acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra reformas aprobadas por el Congreso local a la Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo, debido a que nuevamente carecieron de una consulta a los pueblos y comunidades originarias durante el proceso previo a su emisión.

Esta demanda 127/2019, derivó del decreto 209 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) en octubre de este año, relativa a las modificaciones a los artículos 12, 16, 20 y adhesión a la fracción III del 14, así como un párrafo en el 15 y 12 BIS respecto a la citada normativa, por lo que el pasado 13 de noviembre la CNDH formalizó el asunto ante la SCJN.

En cuanto a la Sala Superior del TEPJF, ordenó al Congreso hidalguense que legisle a favor de personas con discapacidad, a fin de que accedan a candidaturas y cargos públicos.

Otro pendiente es el fallo de la corte en cuanto a la acción de inconstitucionalidad que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra la legislación hidalguense que data del 4 de mayo de 2016, por lo que ahora corresponde al actual Congreso modificar al menos dos artículos de dicha normativa, el octavo transitorio y el 36 fracción XXIII.

 

INTEGRAN COMISIONES. Derivado de diversas reformas aprobadas en la soberanía hidalguense, en mayoría compuesta por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el gobernador remitió, hasta el momento, dos vetos para que el Congreso analice las observaciones y emita un nuevo dictamen.

El primero de ellos con respecto al decreto 184, sobre las reformas a los artículos 416 y 417 de la Ley para la Familia del Estado, sobre el derecho para elegir el orden de los apellidos de los hijos, con el objetivo de realizar otro estudio con base en criterios de la SCJN, para ello conformaron la segunda Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales.

En el veto del mandatario solicitó al Congreso la ponderación de la redacción a dicho decreto, para considerar que el derecho para optar el orden de los apellidos de los hijos sea acorde con los principios fundamentales de interés superior del menor, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica establecidos en la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Hidalgo y tratados internacionales.

Luego, Omar Fayad consignó diversas observaciones al decreto 221 relativo a las reformas de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del estado, para ello también integraron una segunda Comisión de Hacienda y Presupuesto que atienda dichos señalamientos.

Al respecto la actual presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, insistió en que cada comitiva analizará dichos vetos y eventualmente definirán los cambios en los dictámenes, en tanto el resto de las disposiciones que el Congreso tiene que legislar, tanto en materia electoral como indígena, el plazo refiere hasta después de los comicios de ayuntamientos, a celebrarse en 2020.

“Tengo que resaltar que en cada cuestión con oportunidad nos manifestamos, en cada actividad de esas, aclaramos que la postura del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional (PRI) no era la responsable, tenemos la forma de sustentar y fundamentar el voto en contra o decir que las cosas no se hacían bien, finalmente los resultados nos dan la razón”.

Abundó que para el siguiente año será prioritario mantener el consenso con todas las fuerzas parlamentarias para evitar los mismos errores, “a los temas que no avalamos no le entramos, que cada quien responda por sus errores, que se aprenda de la experiencia y eso haga entender que cuando hay inclusión se permite mayor diálogo y análisis”.