Busca Pérez agilizar procesos de entrega-recepción locales

-Facilitar mediante reformas trámites para funcionarios que culminaron cargos

-Presentó la tricolor una iniciativa ante el Congreso del estado el miércoles

 FIRMA ELECTRÓNICA

Rosa Gabriela Porter

Crear un sistema para procesos de entrega-recepción, con implementación de firma electrónica para que los documentos remitidos cumplan los términos de las disposiciones legales aplicables y tengan los mismos efectos jurídicos que los signados de manera autógrafa, para simplificar y agilizar en integración o manejo de datos, así como contribuir con las políticas públicas ambientales, propuso la coordinadora parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Pérez.

En sesión de la diputación permanente, la legisladora planteó reformas a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado, que principalmente incluirá conceptos para mejorar estos procedimientos que efectúan los servidores, a partir de responsabilidades y obligaciones que tienen por la conclusión de sus encargos.

Entre algunas de las permutas especificó las facultades de la Secretaría de Contraloría, así como los órganos internos y servidores públicos en la materia, de igual forma consideró el término informático para que incluyan dicho aspecto en el otorgamiento de datos, conceder determinados plazos para la cesión de documentos o datos, etcétera.

La priista explicó en la iniciativa que la rendición de cuentas prevé varias facetas, como la obligación de quienes ocupan los cargos de autoridad al asumir las responsabilidades de sus acciones, brindar justificaciones o explicaciones sobre la falta de información.

“La obligación de dar explicaciones exige que los funcionarios públicos y las instituciones presenten justificaciones convincentes acerca de sus funciones y sus decisiones ante las personas afectadas, los órganos de supervisión, los electores e incluso toda la ciudadanía”.

Igualmente precisó que la rendición de cuentas tiene una función preventiva y aporta en la evaluación del funcionamiento de las políticas aplicadas o servicios prestados.