Estudia Congreso planteamiento

Propuesta: establecer que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio

– Fenómeno que atenta indiscriminadamente contra la población femenina

FUNDAMENTOS

Rosa Gabriela Porter

Analiza la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia de la LXIV Legislatura el acuerdo que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en cuanto al exhorto para que los Congresos locales armonicen su marco normativo a fin de establecer que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, con ello garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Hace semana, remitieron el oficio número D.G.P.L. 64-II-4-1350 que solicita a los Congresos en las entidades, para que, dentro de sus atribuciones y facultades, realicen las adecuaciones correspondientes en cuanto a la persecución del delito de violencia familiar.

El punto de acuerdo validado por el pleno federal y presentado por la diputada de Acción Nacional (PAN), Nohemí Alemán Hernández, refiere que la violencia familiar es un fenómeno que atenta indiscriminadamente contra la población femenina, convirtiéndose en la principal amenaza para su integridad física y psicológica; sin embargo, existen vacíos legales para precisar su atención.

Algunos ordenamientos exhiben la falta de claridad en las definiciones jurídicas sobre el concepto de violencia familiar, aspecto que dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia, pese a que en México, del total de personas víctimas de esta situación, 91 de cada 100 son mujeres.

En la norma de salud contiene actualmente los elementos para la atención médica de la violencia familiar, que la define como: “acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder, en función del sexo, la edad o la condición física, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.

 Además, en los últimos años hubo diversas reformas a códigos civiles y penales en las entidades para contemplar estos conceptos: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

No obstante, todavía detectan algunas deficiencias en las leyes que eventuales se convierten en una interpretación judicial, por ello la importancia de armonizar conforme tratados internacionales y disposiciones aplicables.