Los costos de la pausa electoral   

Leonardo Herrera

Las implicaciones de posponer las elecciones municipales en Hidalgo, tendrán costos económicos, políticos y jurídicos, que podrían llegar incluso a jurisprudencias en tribunales federales de no lograr tener comicios antes de septiembre próximo, cuando concluyen los periodos constitucionales de los actuales alcaldes.

El acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta ahora inédito en el país y que fue aprobado por el colegiado del Instituto Estatal Electoral del estado (IEEH) este fin de semana, representará un ajuste económico calculado hasta ahora en por lo menos 30 millones de pesos.

El recorrerse sin fecha definida y ponerle literal  pausa al reloj electoral, no significa que dejen de pagarse renta de inmuebles ni salarios de cerca de 800 trabajadores eventuales que fueron contratados para la operación en los 84 consejos municipales del estado, por el contrario esto implicará extender los contratos en ambos casos, de manera tentativa por 40 días más de lo programado.

Hay que recordar que el Congreso local habría hecho un ajuste de 170 millones al presupuesto del organismo electoral, lo que de entrada significó poner en riesgo tareas sustanciales y medulares en la actividad del IEEH que fueron expuestas por los propios consejeros, pues incluso implicaban limitantes para cumplir con la reforma electoral recién aprobada por los legisladores.

En el tema político las consecuencias serán para quienes no terminan por resolver sus conflictos internos y ni siquiera definidas sus candidaturas, pues llegará al reinició y la convulsión por resolver el registro de las planillas hará que muchos tomen decisiones precipitadas que tendrán su costo negativo en las urnas, pues no habrá tiempo.

Lo jurídico aun esta por dilucidarse, pues dependerá de la fecha que se defina la elección, porque ante la insistencia de los partidos de no tocar los 40 días de las campañas, se limitan otros tiempos tan relevantes como los que se requieren para la revisión de miles de documentos de los aspirantes o bien las controversias que pudieran surgir del proceso. El escenario es tan complejo en este parte, que incluso podría llegar a la llamada “Ley Bonilla” que sería extender el periodo de los 84 alcaldes.

Así que si bien la decisión de posponer era inevitable por las condiciones sanitarias de Covid-19 ahora todos, partidos políticos, candidatos, diputados y hasta el gobierno, tendrán que entrar para resolver lo que viene y que no será nada fácil.

 

Twitter: @herreleo