Analiza IEEH impacto que tendrán las reformas

-Cambios son sobre cómo prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño

Rosa Gabriela Porter

Prevalece análisis puntual por parte de los integrantes del Instituto Estatal Electoral (IEEH) de los efectos que tendrán las recientes reformas publicadas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así como establecer medidas de protección y reparación del daño, mismas que aplicarían para el siguiente proceso 2020-2021.

Ahora corresponde a los estados armonizar sus normativas locales conforme los cambios a las seis leyes generales y dos orgánicas, por ello, los Congresos ya trabajan en el tema para tratar de cumplir con las disposiciones señaladas.

En el caso de Hidalgo, consejeros del IEEH ya examinan los alcances legales que impactarán directamente a los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales.

Las modificaciones precisan el concepto de la violencia política en razón de género, que es toda acción u omisión, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.

Además, establece un catálogo de 22 conductas que constituyen conductas violentas, tales como, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, obstaculizar sus campañas electorales, realizar o distribuir propaganda política o electoral que las calumnie, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones y amenazar o intimidarla, entre otras acciones.

Incluso cando faltan las eventuales adecuaciones por parte del Congreso hidalguense y estas permutas entrarán en vigor hasta la contienda del siguiente año, el IEEH indaga en las actuaciones jurídicas que tentativamente implementarán, posiblemente medidas cautelares o procedimientos iniciados de oficio.

Algunas de las medidas cautelares que corresponden a las autoridades son, por ejemplo, realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones; cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora.

También ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora y cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o quien ella solicite.

Mientras que el órgano resolutor considerará acciones de reparación integral como indemnización de la víctima; restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia; disculpa pública y medidas de no repetición.

De igual forma, tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) competen la promoción de la cultura de la no violencia, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias.

Otro dato relevante es que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas estipulan infracciones a los servidores públicos de cualquier de los tres poderes, gobierno federal, estatal y municipales, así como órganos autónomos, en caso de que limiten o impidan los derechos políticos de las mujeres, incurran en actos u omisiones relacionadas.

Leyes que tuvieron modificaciones para sancionar violencia política por razón de género

  • Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
  • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
  • Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
  • Ley General de Partidos Políticos
  • Ley General en Materia de Delitos Electorales
  • Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
  • Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
  • Ley General de Responsabilidades Administrativas

PAUTAS

Las modificaciones precisan el concepto de la violencia política en razón de género, que es toda acción u omisión, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Además, establece un catálogo de 22 conductas que constituyen conductas violentas, tales como, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres, obstaculizar sus campañas electorales, entre otras.

MARGEN

Aunque faltan las eventuales adecuaciones por parte del Congreso hidalguense y estas permutas entrarán en vigor hasta la contienda del siguiente año, el IEEH indaga en las actuaciones jurídicas que tentativamente implementarán, posiblemente medidas cautelares o procedimientos iniciados de oficio. Algunas de las medidas cautelares que corresponden a las autoridades son, por ejemplo, realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad.