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REFORMA AL CÓDIGO ELECTORAL

Consulta del Instituto Estatal Electoral (IEEH) hacia el Poder Legislativo sobre la invalidez a diversas disposiciones de la última reforma al Código Electoral hidalguense por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pretende reconocer los temas que mantienen o no vigencia rumbo a los comicios de diputados locales, como la entrega de bonificación a los partidos, aspectos de rentabilidad y competitividad, así como plazos para registros de candidatos, entre otros tópicos, explicaron los consejeros, Augusto Hernández Abogado y Francisco Martínez Ballesteros.

Recientemente, el IEEH remitió al Congreso local una opinión sobre el alcance de la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y 118/2019 en relación al decreto 203 de la LXIV Legislatura, misma que ordenó la restitución de la consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas, debido a que los diputados hidalguenses incumplieron diversos criterios tales como libre, previa e informada.

Además, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandató al IEEH que, con base en los resultados de tal consulta, un día después de concluir el proceso de presidencias municipales, comenzara con un análisis de la temática mencionada y emita reglas de cara a los comicios de diputados locales.

Pero la suspensión de diversas actividades por la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2 y el desarrollo de los comicios de renovación de presidencias municipales impidió que hubiera una reforma electoral antes del 15 de septiembre, 90 días antes de comenzar formalmente la contienda del 2021.

Esta situación generó dudas entre las representaciones partidistas y al organismo público, respecto a los artículos que cambiarían o mantienen en cuanto a la rentabilidad y competitividad en la postulación de candidaturas, participación de perfiles indígenas, tiempos en los registros de planillas o fórmulas, así como la bonificación, etcétera.

“Derivado que es un tema de interpretación de una sentencia pronunciada por la corte y no por el Poder Legislativo, es que se advirtió la necesidad de que este organismo, en uso de sus facultades, pudiera definir el alcance interpretativo para tener una claridad y brindar el principio de máxima publicidad, sobre todo el de certeza, para poder definir la ruta crítica sobre la base normativa”, indicó Hernández Abogado.

En cuanto a la bonificación electoral, monto que entregaban a representantes partidistas en las casillas durante la jornada de votación y que eliminaron de la normativa en la última reforma del 2019, también es otro tópico que a las fuerzas políticas provocó suspicacia.

“Por eso la necesidad de poder aclarar, pues son diferentes escenarios, tan solo en el tema de bonificación es un concepto que la reforma ya no contempla y la versión anterior del código si, estos aspectos de operatividad interna del instituto al momento de registros y requisitos, es necesario clarificar para estar en condiciones de saber bien, hay dos interpretaciones de la sentencia, por eso queremos ese pronunciamiento para tener claridad y certeza“, puntualizó Martínez Ballesteros. (Rosa Gabriela Porter)