Sobrepoblación en centros penitenciarios: Alejandro H.

-Presidente de la Comisión de Derechos Humanos comentó que a la fecha, en estos espacios, hay una población de 4 mil 477

DATOS ACTUALIZADOS

Alberto Quintana

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, informó que Hidalgo registra un 24.96 por ciento (%) de sobrepoblación en centros penitenciarios y barandillas, esto al finalizar 2020.

Comentó que a la fecha en los centros penitenciarios hay una población de 4 mil 477 personas privadas, esto con base en los datos de Subsecretaría de Seguridad Pública del estado.

Las cárceles con sobrepoblación son Actopan con el 55.88 %, Apan 78.38, Jaltocán 5.51, Huichapan 5.98, Ixmiquilpan 142.97, Jacala 46.81, Mixquiahuala 135.56, Pachuca 11.96, Tula 38.65, Tulancingo 34.01, así como Zacualtipán 25 % (y las cáceles de Tizayuca y Atotonilco el Grande no presentan esta condición).

Alejandro Habib explicó que los recursos ejercidos en el fondo de aportaciones para la Seguridad durante 2020 fueron 13 millones de pesos por parte de la federación y 5millones del estado.

Por lo cual se registró una disminución de más de cinco millones de pesos en el presupuesto que se ejerció, lo cual afecta en el sistema penitenciario en las diversas regiones de la entidad.

IMPACTO. Durante la pandemia por Covid-19 se registran a la fecha un total de 81 personas contagiadas en los centros penitenciarios de Pachuca, Tulancingo, Tula, Tenango de Doria, Jaltocán, Molango y siete fallecidos en Tula, Jaltocán, Pachuca y Tulancingo.

Están recluidos un total de 332 personas indígenas en los doce centros penitenciarios, 317 mujeres, 32 extranjeros y 84 personas con alguna enfermedad mental.

Además se tiene un déficit de un 30 por ciento en el número de custodios de acuerdo a las necesidades que requieren los centros penitenciarios para la seguridad y vigilancia.

Para enero de 2021, la CDHEH habrá de emitir una recomendación donde detallarán las acciones y rubros que deben atender los presidentes municipales para que los espacios de la privación de libertad de manera administrativa cumplan con los estándares mínimos requeridos.