Sin denuncias por violencia de género

CONTRA HIDALGUENSES

Hidalguenses no aparecen en el listado de quejas y denuncias ante la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, de los 14 hechos señalados ninguno corresponde a la entidad céntrica.

En abril del 2020 publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por tanto, el INE asumió el compromiso de aplicar concretamente un reglamento para prevenir, atender, erradicar y sancionar tales vejaciones, con ello definir competencias, sustanciación y tramite de los procedimientos sancionadores, así como las medidas cautelares y de protección.

La UTCE tiene que pormenorizar la atención de quejas, cumplimiento de las medidas cautelares y de protección concedidas, y en su caso, de las acciones realizadas ante su omisión, así como la remisión de expedientes a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del 14 de abril al 7 de diciembre del 2020 registraron 14 asuntos.

Del total, en nueve de ellas determinaron la incompetencia y cedieron la denuncia hacia la instancia competente; una de ellas modificó su resolución ante Sala Regional Guadalajara del TEPJF, por lo que cinco radicaron como procedimiento especial sancionador y uno en el cuaderno de antecedentes.

Asimismo, de estos expedientes, en dos de ellos adoptaron medidas cautelares y en tres solicitaron de acciones de protección.

Las presuntas víctimas ostentan encargos como diputadas federales, Senadora de la República, consejeras electorales, delegada y presidenta municipal, regidoras, militantes de partidos y ciudadana.

En cuanto al registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, igualmente habilitada por el INE, solamente exhibe a dos señalados, ambos servidores públicos de Campeche y Querétaro.

Hasta el momento, no hay personas originarias de Hidalgo acusadas por esta situación, lo que les impide corroborar el modo honesto de vida dentro de los requisitos legales y constitucionales para obtener una candidatura para cualquier cargo de elección popular. (Rosa Gabriela Porter)