Acción afirmativa para LGBT+

INCLUSIÓN ELECTORAL

-Acató Tribunal Electoral del Estado resolución de Sala Toluca del TEPJF. En otro asunto, determinaron que Diana Laura M.B. cometió violencia política por razón de género en comicios del 2020

Rosa Gabriela Porter

Acató el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) lo resuelto por Sala Regional Toluca, en cuanto a la aplicación de una acción afirmativa en favor de la comunidad de la diversidad sexual en el actual proceso de renovación del Congreso local, aunque ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEEH) que modifique dicho acuerdo para garantizar la privacidad de las personas identificados con el sector lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, trasvesti, intersexual y queer (LGBTTTIQ+).

En sesión pública virtual, celebrada la mañana del sábado, dirimieron los cuatro recursos de apelación que interpusieron los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza Hidalgo (PNAH) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) contra la mencionada acción afirmativa que observarán las cúpulas, así como coaliciones durante la contienda 2020-2021, bajo el folio IEEH/CG/018/2021.

La ponencia del magistrado, Manuel Cruz Martínez, estudió los agravios por bloques; en el primero refiere a la posible violación al principio de certeza, congruencia y definitividad con la emisión de la medida compensatoria, pues afectó la etapa de selección de candidatos; no obstante, lo consideró infundado.

Ello porque la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció en veredicto reciente que no es viable esperar hasta la próxima contienda.

“Conforme la Sala Toluca que establece que no hay razón válida y suficiente que esté en desarrollo del proceso electoral en Hidalgo para que se postergue el ejercicio de los derechos políticoelectorales, a través de una acción afirmativa para las personas del colectivo LGBT+, ni mucho menos es una justificación aplicable para que se trate de una modificación fundamental para dicho proceso y resultados”.

El dictamen que tuvo el respaldo de la presidenta, Rosa Amparo Martínez Lechuga, pero con el voto en contra del juez, Leodegario Hernández Cortez, también refiere que el acuerdo del IEEH estuvo fundamentado y motivado a partir de preceptos constitucionales, convencionales y legales.

Relativo a lo señalado por PESH, sobre la protección de datos personales, el TEEH aseveró que la población de la diversidad sexual padece obstáculos sustantivos y barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales, de ahí la relevancia del resguardo al ámbito privado.

Los tribunos consideraron que la comunidad LGBT+ “realmente no comparte abiertamente su orientación sexual, en ese sentido, ese derecho concede a sustituir la retribución de resguardar el ámbito privado, garantizando el poder decidir de la publicación de sus datos personales”.

Igualmente, estimaron que divulgar tal particularidad los coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo, entonces, los postulantes tendrán la libertad de expresar sus preferencias, a la vez de reservar la información.

Por ello, ordenaron al IEEH que cambie el acuerdo con base en la preservación del derecho a la intimidad y exhortaron a que continúe con la preparación, investigación, datos estadísticos, estudios concernientes para implementar una acción afirmativa que contribuya de manera sustancial a impulsar la participación a la comunidad de la diversidad sexual y aplique para el caso de registro y postulación de candidatos en las elecciones de ayuntamientos.

Cometieron violencia política contra excandidatas priistas

En otro momento de la sesión, analizaron el TEEH-PES-082/2020, procedimiento especial sancionador sobre denuncias que formalizaron Lorena Lisbeth Lira Amador y Luz Lizbeth González Terrazas, en su calidad de excandidatas a síndica municipal y regidora, respectivamente, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el ayuntamiento de Tulancingo.

La queja señaló directamente a Diana Laura M.B., detenida desde noviembre del 2020 por posibles vínculos en el homicidio de un empresario, al excandidato de la coalición “Juntos haremos historia en Hidalgo”, Damián Sosa Castelán; así como a los partidos que la conformaron, Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) por violencia política por razón de género, mediante publicaciones en la red social Facebook.

En la sentencia inicial de diciembre del año pasado, el tribunal hidalguense declaró como inexistentes los agravios, por ello las priistas recurrieron a Sala Toluca quien revocó tal dictamen y retornó el asunto para una nueva determinación.

Con el análisis de las pruebas, el magistrado, Leodegario Hernández Cortez, informó que Diana Laura M.B. confirmó que el perfil de Facebook le pertenecía e hizo los comentarios a partir de presuntas denuncias ciudadanas, “por lo que no se consideraría autora solo por reproducirlas”.

Tras una evaluación de las expresiones, el colegiado ratificó la existencia de la violencia política en razón de género, pues exhiben la intención de calificar a las priistas de forma despectiva y en su vida privada.

“Los comentarios alegados no versan en la forma que se desarrollaron en sus cargos públicos como pretendió argumentar, sino que hace referencia de índole sexual y denostativas, utilizando términos como cortesanas y coquetonas, así como haciendo referencia que han obtenido beneficios o alcanzado puestos de administración pública gracias a su relación íntima con una persona a la que denomina Sugar Daddy”.

Entonces, el órgano jurisdiccional ordenó que inscribieran a Diana Laura M.B. en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo cual impide que participe para un cargo de elección popular.