Cárcel: si usan programas  sociales con fines electorales

-Detalla la Fiscalía Especializada que está estipulado en la Ley General en la materia y quien sea señalado, tendrá prisión oficiosa

JURISPRUDENCIA

Alberto Quintana

El uso de programas sociales con fines electorales se considera un delito grave y amerita prisión preventiva oficiosa, por lo cual se recibe cualquier denuncia de la población para atender de manera inmediata y darle seguimiento, informó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo.

Comentó que con acuerdo el artículo segundo al artículo 6, los artículos 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales. Se impondrán de 300 a 600 días multa y prisión de 4 a 9años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales.

Así como a quien ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Igualmente, implica de 500 a mil días multa y prisión de 4 a 9 años, a los servidores públicos que, durante el proceso electoral, usen o permitan el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales.

Con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

La dependencia estatal indicó que tiene reuniones con los ministros de culto y religiosos, con fedatarios públicos y con los organismos que puedan cometer delitos electorales, para evitar se tengan carpetas de investigación por estos hechos en la entidad.

El acuerdo con las autoridades de Hidalgo, actores políticos e instituciones en materia electoral es que vigilen y atiendan el proceso electoral para que se desarrolle de forma pacífica, en todo momento en aras de que la ciudadanía ejerza su derecho a votar en un ambiente de civilidad.