Sálvese quien pueda

Andrés Torres Aguirre

La emergencia sanitaria que nos afecta en este momento, es descrita de dos formas diferentes, para las autoridades federales es «la tercera ola de contagios» para el gobierno de Hidalgo, hay una nueva pandemia ocasionada por la variante Delta.

La cifra demoledora que el gobernador Omar Fayad confirmó, hace unos días, sobre el incremento del 300 por ciento en el número de casos de covid-19 en Hidalgo, fue un «baño de agua fría» para el sector comercial de Hidalgo que se sabe al borde de la extinción si regresamos al confinamiento, pero nada comparado con el impacto que recibió el personal de salud, que ya lo veía en primera fila, al ser tres cuartas partes de los enfermos, victimado de la virulenta cepa Delta.

La entidad fue categorizada en el color naranja del semáforo epidemiológico y los municipios de la zona metropolitana de Pachuca, ajustaron horarios para oficinas públicas, centros comerciales, espacios deportivos y la Secretaría de Salud Instaló un módulo fijo de vacunación para toda la población que aún no recibe el biológico.

Sobra recordar que hace un año, cuando la pandemia comenzó, la sociedad hidalguense rechazó con fuerza la aplicación del programa Hoy no circula sanitario para el que hubo toda clase de señalamientos los cuales quedan sin validez ante la realidad que vivimos hoy.

Es lógico, aunque cuestionable desde una óptica ética, el proceder del gobierno federal y los estatales ante la actual condición sanitaria del país que hoy están frente a la disyuntiva: restringir las medidas de tránsito y actividades no esenciales, regresar al confinamiento, pero con ello darle la estocada final al sector económico del país o confiar en el lento avance de la vacunación como la solución para la pandemia y que pase lo que tenga que pasar.

Hay señales claras de la determinación oficial de no volver a las medidas preventivas previas. Desde el gobierno federal ya fue girada la orden de hacer un análisis de la condición en que se encuentran las escuelas en todo el país, que están prácticamente abandonadas hace más de un año, porque la intención es regresar a clases presenciales el 30 de agosto.

Las reuniones entre las autoridades de la Secretaría de Educación Pública federal y sus pares en los 32 estados van con decisión en ese sentido. Cierto es que aún no se manifiestan al respecto el magisterio, padres de familia y el resto de la comunidad escolar. ¿Cuál será su opinión respecto a un regreso a clases presenciales cuando se sabe que cada día hay más casos positivos de covid-19 en infantes?

¿Es válido o responsable un argumento que urge la vuelta a los salones de clase, sostenida con el llamado del presidente preocupado porque los niños ya no deben estar encerrados en casa jugando videojuegos?

¿Por qué no decir que al rededor del REGRESO A CLASES está involucrada una enorme producción de papel, textiles, así como toda clase de artículos que cada ciclo escolar significan una derrama económica inconmensurable a la que se suma el transporte público, la industria de los alimentos y que sin esos ingresos está comprometida la economía nacional?

Es claro que la salud es lo más valioso y también que el gobierno mexicano no es culpable de la aparición del covid-19, en principio, pero luego de 18 meses de emergencia sanitaria y ante las nuevas disposiciones para enfrentarla, no me queda duda que los intereses políticos y electorales ya están por encima de los argumentos de la salud y el bienestar del pueblo.

 

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