Error con la imposición

David Tenorio

El pasado viernes 24 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) expidió la NOM-237; la cual establece las disposiciones a las que se sujetarán todos los proveedores que presten servicios educativos a cambio de una contraprestación económica, proporcional a los servicios ofrecidos e instalaciones habilitadas para los mismos de acuerdo a su objeto.

La Secretaría de Economía, busca regular la infraestructura educativa, tema del cual desconoce, dicha norma invade facultades y competencias de la Secretaría de Educación Pública.

Con esta norma estarán sujetos a nuevas inspecciones y verificaciones los colegios particulares a nivel nacional, el costo de cada certificación ronda entre los 100 y 150 mil pesos. Ante esto cabe preguntarse sobre la razón de que la Profeco se enfoque en cuidar que se den servicios de calidad a los estudiantes de las instituciones particulares, cuando la Secretaría de Educación ya tiene en operación múltiples normas, leyes, reglamentos y, especialmente, estructuras de supervisión para asegurar que funcionen de acuerdo con lo pautado. Las instituciones educativas (públicas y particulares) reportan sus acciones a inspectores y supervisores en los estados y al propio gobierno federal.

El nuevo esquema de supervisión para las 40 mil escuelas particulares recaería en las llamadas Unidades de Verificación, que se trata, como dice en el apartado 7.7 de la propuesta de norma, de “Personas físicas y morales”, es decir particulares aprobados por la Profeco para supervisar desde lo mercantil a otros particulares que realizan funciones educativas.

 

La supervisión se debe revalidar cada dos años o antes y ahí es donde surge una pregunta ¿cómo se hace para verificar el cumplimiento de 40 mil instituciones educativas a nivel nacional, desde un pequeño preescolar a una universidad, para emitir constancias cada dos años o antes? Tendrían que hacerse al orden de 80 por día, sin mencionar que las supervisiones no requerirán denuncia alguna, serán al arbitrio de la autoridad.

Por si no pareciera poco, los colegios particulares con la nueva norma tendrían que dejar de exigir el pago de colegiaturas vencidas durante 3 meses y 15 días. Lo que sería en evidente detrimento a su operatividad.

Ojalá se evite un error de consecuencias mayúsculas con la imposición de la NOM-237.

 

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@David _ Tenorio