Importante revisar reforma  en procuración de justicia

-El gobernador Omar Fayad dijo que es necesario dar completa autonomía y transitar a la Fiscalía General de la entidad, y no sólo de nombre

DÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Rosa Gabriela Porter Velázquez 

Reconoció el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que es necesario analizar la reforma en materia de procuración de justicia en su conjunto, que incluya una verdadera autonomía presupuestal y fortalecer su organización interna, no solamente un cambio de nombre que significarían dispendió de recursos destinados a dicha transición.

En el evento para conmemorar el Día del Ministerio Público, el mandatario habló sobre la reforma constitucional que, entre otras disposiciones, modificó el nombre de Procuraduría General de la República (PGR) por el de Fiscalía General de la República (FGR), situación que las entidades armonizaron en sus normativas.

Dijo que hasta ahora son 29 estados que ya migraron al concepto de fiscalía, mientras que tres prevalecen en esa transformación. La principal diferencia de la nueva FGR con la PGR radica en la autonomía de gestión, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, la organización interna y organismos para su gestión.

El Congreso de Hidalgo aprobó tales permutas a principios de septiembre, en los artículos transitorios otorga un plazo de 30 días para la designación de una Comisión Interinstitucional de Transición, aunque especifica que hasta en un lapso de años planificarán, vigilarán y evaluarán la correcta implementación del decreto, análisis integral del personal, desincorporación de recursos materiales, etcétera.

Al respecto, el gobernador refirió que la autonomía de las instituciones es justificada, siempre y cuando incluya lo relacionado al ejercicio del presupuesto, ya que actualmente depende del Poder Ejecutivo y es un contrasentido al espíritu de la reforma mencionada.

“Todavía sigo en una deliberación de pensamiento, en la que trato de establecer efectivamente que sería lo mejor para darle mayor sustento, mayor efectividad a las actividades de procuración de justicia y, en mi reflexión, creo que la procuraduría de justicia debe ser totalmente autónoma, así debe establecerse desde la constitución federal y del estado, que nos quiten la función y atribución de procuración de justicia, porque es una contrasentido que se me exija el procurar justicia, pero con una institución, una procuraduría o fiscalía que no dependa del ejecutivo, ¿cómo? ¿entonces voy a ser responsable de lo que haga un organismo autónomo? Me parece un contrasentido total, creo que las reformas en muchos de los casos no han sido pensadas con este sentido”.

Abundó que es importante valorar esa autonomía administrativa y presupuestal en las instancias de procuración de justicia que permitirá delimitar las atribuciones, atender las necesidades, de igual forma, compensar económicamente a esa plantilla laboral conforme sus funciones diarias.

“Me parece que hay que revisar en su conjunto, todos los aspectos, tenemos una transformación, no me parece que cambiando el nombre a fiscalía se logre algo, voy a pecar de ignorante, pero además de cambiar el nombre, ¿cuál es el planteamiento fundamental para una reforma que vamos hacer?, porque en un futuro la tenemos que hacer”, puntualizó Fayad.

Finalmente, insistió que la idea de estos cambios constitucionales es optimizar el rubro y buscar una reforma de fondo, no solamente en quitar o poner nomenclaturas, circunstancia que representa un gasto importante en términos materiales como cambio de imagen, pintas de bardas, papelería, sellos o membretes.

“Si le quieren poner fiscalía o como quieran, pero no es el tema, ahí es donde me parece la frivolidad de ciertas cosas, de ciertas reformas, si vamos a hacer una transformación, que sea verdadera, porque si no vamos a seguir como estamos y queremos mejorar, ha habido una mejoría, sin duda, pero cuando me dicen que hay que armonizar de inmediato porque si no vamos mal o atrasados, y no vamos mal, no vamos atrasados de nada, al contrario, estoy buscando un sentido”.

Hidalgo es el sexto estado más pacífico, a pesar de estar rodeado de entidades federativas con altos índices de incidencia delictiva.