Piden recursos para consulta indígena y catálogo autóctono 

-Apenas en 2014 fue la última actualización, cuando la propia normativa obliga a su reajuste preferentemente cada cuatro años

COMUNIDADES ORIGINARIAS

Rosa Gabriela Porter Velázquez

Exhortó la consejera del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Ariadna González Morales, para que el Congreso local considere recursos para que garanticen la organización de la consulta indígena que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 2019, igualmente, una partida especial para la actualización del catálogo de pueblos y comunidades autóctonas.

La funcionaria invitó a las representaciones partidistas ante el Consejo General para que, en un dialogo respetuoso con los integrantes del Poder Legislativo, contemplen en el presupuesto de egresos del 2022 un monto para llevar a cabo las actividades pendientes en materia indígena.

Derivado de las acciones de inconstitucionalidad, 108/2019 y acumulada 118/2019, interpuestas por el partido local Más por Hidalgo (MXH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), invalidaron la reforma electoral publicada el 9 de septiembre del 2019.

Ello ante las carencias por parte de la soberanía hidalguense para consumar los ordenamientos legales desde el 22 de mayo del 2015, cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó la obligación por parte de las legislaturas locales de cumplir con el artículo 5, párrafo 16, fracción tercera de la Constitución Política, además de instituir en el Código Electoral disposiciones que garanticen la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas.

Para el 2019, la LXIV Legislatura realizó una consulta autóctona y culminó con diversas reformas al ordenamiento electoral, sin embargo, la corte declaró inconstitucionales tales permutas, adhesiones y derogaciones.

Esto porque el Congreso hidalguense violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada, establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Asimismo, múltiples deficiencias, no respetaron el plazo entre la convocatoria para la consulta con la fecha de su realización, descartaron comunicación constante con la soberanía, la información no fue entregada oportunamente, omitieron la participación de todos los pueblos nativos, además excluyeron la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el correspondiente estatal.

Dicho tema sigue pendiente desde el 2019, entre los problemas suscitados por la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, como suspensión de actividades o falta de recursos.