Resalta que la diputada, en nombre del GLPRI, defendió la iniciativa que reforma la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar para fortalecer el derecho de la comunidad estudiantil a vivir una vida libre de intimidaciones, regulando en los tipos que se encuadran en la agresión escolar y de género.

 El alcalde de Tula, como muchos otros de sus homólogos en la región enfrenta quejas por temas de seguridad. Además de asuntos como el alumbrado público y vigilancia, la demanda implica la prevención del delito, una situación intrínsecamente relacionada con la recomposición del tejido social.