BURÓ LABORAL

Compartir datos negativos sobre extrabajadores entre empleadores, con la finalidad de evitar la contratación de personas que se han visto inmersas en procesos legales laborales, es una práctica ilegal por lo que debe ser evitada, informó el titular de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, Manuel José Parra Dager. Al compartir dicha información, ya sea entre particulares o bien para conformar el llamado “Buró Laboral”, que se asemeja al buró de crédito como una especie de lista negra que usan las empresas para no dar trabajo a las personas consideradas “conflictivas”, se está violando tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Lo anterior debido a que el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, inciso IX, prohíbe a los patrones o sus representantes: “Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación”.

IEEH

Pese a la remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, así como del consejero propietario, Francisco Martínez Ballesteros, partidos políticos en Hidalgo afirman que existe certeza en que los comicios para la renovación de la gubernatura hidalguense, no tendrán afectación alguna. De acuerdo con la ley, será la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral (INE), quien determine el procedimiento de selección, así como designación de los dos consejeros que sustituirán a los antes señalados.

MÁS PLAZO

Mediante un comunicado, se informó que indicaciones del gobernador Omar Fayad se prorroga la suspensión de actividades no esenciales hasta el 15 de febrero con el objetivo de mitigar la enfermedad por el covid19 y cuidar la salud de los trabajadores del gobierno del estado, informó la Oficialía Mayor de la administración estatal. El acuerdo es por disposiciones de orden federal del Semáforo Epidemiológico respectivamente y para salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los servidores públicos.