Amira Corrales

Hablábamos del caso Salmerón y Salgado en la entrega pasada. El primero no pudo ser embajador en el centroamericano país de Panamá, como lo proponía el Presidente, primero porque a Panamá no le gustó la idea y se lo hizo saber a México. Con una respuesta poco diplomática, acusando a ese país de ser la santa inquisición –que de santa no tuvo nada-, nuestro Presidente continuó defendiendo al historiador como un padre a su hijo, aún cuando tiene los pelos pintos de la burra en las manos. Y es que las manifestaciones de repudio de mujeres víctimas y feministas inundaran las redes sociales bajo el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, donde se conoció que Salmerón acosaba y hostigaba sexualmente a diferentes mujeres tanto del partido Morena como del ITAM, y la UNAM. Pero era cobijado por amigos pudientes en el partido, como ahora sabemos, hasta del Presidente. También en 2019, bajo el movimiento Me too se conoció de ese modus operandi tan suyo. Qué triste y lamentable que todavía se protejan acosadores sexuales bajo el manto de poder, ese mismo que tanto ha criticado Andrés Manuel. Sobra decir, que ellos como varones, nunca han sido víctimas de una acosadora, y que cuando alzaran la voz, nadie les hiciera caso. Segundo, Salmerón se defendió y declinó, diciendo que nunca fue denunciado, quizá penalmente, pero si por diferentes medios además de las redes sociales. Hoy en día las instituciones públicas cuentan con instancias llamadas defensorías, comités de género que atienden los casos de acoso y hostigamiento sexual, debido a que es una conducta muy recurrente de muchos machistas que se montan en un ladrillito de poder y creen que son dueños de los cuerpos de sus subalternas, empleadas, alumnas, servidoras sociales, que por su juventud y miedo a perder el empleo no llevan sus denuncias ante un Ministerio Público que seguramente archivará la carpeta por no contar con pruebas suficientes, ya que, a menos que sean tontos, los acosadores no acosan públicamente.

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