– Entronques están previstos de Patria Nueva a Portezuelo

RELATORÍA 

Hugo Cardó Martínez

Han pasado más de dos años desde que la Unión de Pueblos Indígenas (UPI), integrada por 18 comunidades de cinco municipios diferentes, externó su rechazo al libramiento de Ixmiquilpan cuyos entronques se tienen previstos sean de Patria Nueva a Portezuelo.
Decenas de manifestaciones, reuniones y documentos girados no han sido suficientes para que las autoridades federales escuchen quejas surgidas de estas comunidades de la zona del Valle del Mezquital, cuyos habitantes desaprueban que sus tierras sean afectadas con esta obra.
El libramiento Ixmiquilpan ha generado cierta controversia, pues una parte de la población sostiene que este proyecto representa desarrollo para la región, el cual no se puede obstaculizar por cierto grupo de personas; sin embargo, quienes comparten esta opinión no son quienes perderán sus tierras, viviendas, canales de riego y demás bienes.
Integrantes del UPI indicaron que constantemente han tenido que reiterar su rechazo, pues las autoridades federales, así como representantes de la empresa El Coconal, encargada de ejecutar el proyecto, sostienen que las comunidades ya cedieron, lo cual “es falso”.  

ANTECEDENTES. Incluso cuando en 2019 este proyecto tomó mayor fuerza, debido a que se designó un recurso para esta obra por parte del Gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el tema no es nuevo, ya que hacia 2013 se planteó.  
El libramiento fue una de las obras pactadas durante la campaña de Enrique Peña Nieto, a través de los llamados “Compromisos por Hidalgo”, obra que se aseguró, se concretaría en el transcurso de su periodo presidencial.
Hacia febrero de 2013 realizaron una serie de encuestas a los automovilistas encaminados a los trabajos del libramiento, para ello, colocaron algunos retenes a fin de interceptar automovilistas para hacerle una serie de preguntas.
El proyecto estaba contemplado originalmente del poblado de Cañada Chica a Portezuelo; sin embargo, por temas que se desconocen, el proyecto nunca se concretó durante el sexenio de Peña Nieto;  la idea fue retomada con López Obrador, pero ya con un nuevo trazo: de Patria Nueva a Portezuelo.  
CONFLICTO. En junio de 2019, el Gobierno Federal anunció la construcción del libramiento Ixmiquilpan, el cual tendrá una extensión de 32 kilómetros y una inversión de 2 mil 950 millones de pesos, obra que formaría parte de la autopista de Durango-Yerbanís.
Tras difundir el proyecto, 18 comunidades indígenas de los municipios como Santiago de Anaya, San Salvador, Chilcuautla, Ixmiquilpan y Tasquillo externaron su desacuerdo con el proyecto, por lo que han buscado diferentes medios para detener esta obra.
Fue a partir de este hecho que se conformó la UPI a fin de defender sus tierras. Omar Santiago Mayor, uno de los integrantes de esta organización, ha informado que con el trazo del libramiento destruirían tres sistemas de agua potable y siete sistemas de riego agrícola que afectarán a más 100 hectáreas de parcelas.
Santiago Mayor ha comentado que este trazo también estaría destruyendo un total de 30 casas habitación y dos escuelas de educación básica, además de la biodiversidad endémica de la región del Valle del Mezquital.
Además de Omar Santiago, otros actores que emprendieron esta lucha fueron Marcos Martínez Martínez, de El Tablón; Rigoberto López Rodríguez, de Chichimecas; Melitón Camargo Mendoza, del Valle de Xuchtilán, San Salvador; Juvencio Cruz Villa, de El Capulín; y Eduardo Francisco Pérez, de El Mezquital.
LUCHA. Desde el anunció de esta obra, delegados, comisariados ejidales y vecinos de las mismas comunidades han emprendido una serie de acciones para impedir que este concrete esta obra; sin embargo, sostienen que esta continúa en sus labores.
Los integrantes de la UPI indicaron que muchas de estas acciones que están realizando entorno a este proyecto, son a espaldas de las comunidades, ya que las autoridades y la empresa están en la postura de realizar la obra sin importar lo que cueste.

Recordaron que en noviembre de 2020 en la comunidad El Mejay, Chilcuautla, funcionarios del Gobierno Federal a través de dependencias como INPI, SCT, Segob, y Semarnat sostuvieron una mesa de trabajo a fin de abordar el tema del libramiento.
Sostuvieron que esta convocatoria la realizaron a espaldas de las autoridades comunitarias y sin tomar en cuenta a los posibles afectados, asimismo tampoco se solicitó el permiso de la delegación de la comunidad de El Mejay para la utilización de las instalaciones de El Albergue donde se llevó a cabo el mismo. 
Debido a estas acciones es que se ven obligados a realizar reuniones informativas como la que se convocó hace ocho días, mesa de trabajo a la que denominaron “Primera Asamblea de Delegados y Comisariados Hñuhñus”.
En esta reunión dieron a conocer  que los constructores como el Gobierno Federal utiliza artimañas, como las calumnias, mentiras y las necesidades de los pobladores para convencerlos a otorgar los permisos, pues han corrido el rumor de que las autoridades comunitarias ya aceptaron la obra carretera a cambio de sobornos y dádivas, lo que señalan, es una mentira, ya que la lucha se mantiene.