-Las magistraturas debatieron diversos juicios en las que ciudadanos acusaron al ayuntamiento por presuntas violaciones a la libertad del sufragio, garantía de audiencia y al derecho de consulta

Rosa Gabriela Porter Velázquez 

Hubo intromisión por parte de la presidencia municipal de Ixmiquilpan al anular procesos de selección de delegados en colonias, barrios o comunidades para luego emitir convocatorias que no respetaron usos y costumbres, sostuvo el Tribunal Electoral del Estado (TEEH).

Las magistraturas debatieron diversos juicios en las que ciudadanos acusaron al ayuntamiento de Ixmiquilpan por presuntas violaciones a la libertad del sufragio, garantía de audiencia y al derecho de consulta, tras invalidar diversas elecciones de delegados en colonias, barrios, fraccionamientos o comunidades.

Por mayoría de votos de los integrantes del pleno, revocaron la determinación de la Comisión de Bando, Reglamentos y Circulares de la alcaldía referida, tras anular los diferentes procedimientos electivos en la colonia Benito Juárez, fraccionamiento San Javier, barrio El Progreso y barrio El Carmen.

En los asuntos, dieron cuenta que hubo indebida intromisión por parte de la presidencia municipal al atentar contra la autonomía de las comunidades o barrios, así como los usos y costumbres para efectuar la selección de los delegados.

La presidenta, Rosa Amparo Martínez Lechuga, no acompañó los fallos en totalidad, pues consideró que existieron conflictos intracomunitarios y era necesaria la realización de una consulta para definir la temporalidad en la que ocuparán los encargos como delegados.

No obstante, por mayoría de votos, ordenaron al ayuntamiento que otorgue las constancias como delegados a María de los Ángeles Ramírez Huerta en el fraccionamiento San Javier; Roberto Ángeles Ramírez, en la colonia Benito Juárez; Lilia del Carmen Trejo Durán en el barrio El Progreso y Rogelio Ventura Trejo en el barrio El Carmen.

DESECHAN.

En otro tema, el tribunal desechó los juicios ciudadanos que promovieron las regidoras de Lolotla, Griselda Bautista Paredes y Erika Mendoza García de Tlaxcoapan, respectivamente, quienes acusaron la ilegal inhabilitación de sus encargos derivado de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la reducción de sus dietas.

Los jueces electorales ratificaron que estos casos son de materia administrativa, que no tienen relación a los derechos políticoelectorales, por lo que corresponde su análisis al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del estado.