Andrés Torres Aguirre

Desde el inicio de la actual administración se impulsó la tarea de evaluar el trabajo de los secretarios y las dependencias a su cargo como parte de un programa de modernización, que de paso, justificaba la creación de una súpersecretaria denominada de Políticas Públicas.

La autoevaluación gubernamental fue siempre base de un discurso pero no de una estrategia verdadera. Al final del sexenio, no hubo cambios en el gabinete motivados por ineficiencia o ineficacia.

Desde la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno se evaluó constantemente el trabajo de las y los secretarios: los resultados se presentaban y discutían en las reuniones de gabinete pero al iniciar la crisis sanitaria, por la covid, todo se cambió.

Antes de la pandemia, el gobernador y el titular de la Secretaría de Políticas Públicas contemplaron, con base en las evaluaciones, la salida de la titular del Trabajo y Previsión Social. El asunto fue planteado y la titular de la dependencia declaró que su renuncia estaba lista para cuando el mandatario la solicitará, pero no sucedió así.

Por ser esta situación mundial un tema de salud, la actuación de la secretaría en el ramo se volvió fundamental en todos los escenarios, pero la salida de su titular no respondió a un tema de evaluación, sino al incumplimiento de varias órdenes directas del Ejecutivo estatal que coincidentemente hicieron del exfuncionario, la primera víctima de la covid en Hidalgo.

Al avanzar la administración, las evaluaciones continúan, seguramente desde esa perspectiva era sencillo darse cuenta del enorme malestar que existía en la estructura burocrática.

Un malestar que inició con el despido masivo de burócratas, hace casi 6 años, bajo el argumento de que “eran gente perteneciente a corrientes políticas que ya habían visto sus mejores años en la administración”.

Pero el enojo de la burocracia local, detectado hace tiempo, pretendía ser controlado con una estrategia política electoral que se iba a desarrollar una vez que se acercara el momento de elegir al candidato del PRI a la gubernatura lo cual, evidentemente no sucedió y la operación de reconciliación jamás existió.

Al final del sexenio, de todas las secretarías y dependencias salen acusaciones y quejas, sin denuncia formal quedarán en el anecdotario, que ensuciarán poco o mucho la imagen de algunos funcionarios, pero sí despierta incertidumbre y hasta morbo por saber si en el próximo sexenio: ¿el nuevo régimen auditará y en su caso, perseguirá a los funcionarios corruptos?

Dicen estos rumores surgidos en las entrañas del gobierno del estado, que hasta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, tomó conocimiento de supuestas irregularidades en algunas secretarías. A los medios llegan avisos sobre asuntos funestos referentes a las auditorías, facturas, falta o robo de equipamiento, preparativos para huir a Canadá, compra de bicicletas millonarias, instalación de clínicas, entrega de concesiones para gasolineras, verificentros, casas productoras y un sin fin de temas.

Ojalá que las evaluaciones promovidas desde el inicio de la actual administración, detectaran estos movimientos irregulares en las secretarías, los corrigieran y castigaran (si es que los hubo). Porque bien vale la pena la autoevaluación en el servicio público, pero siempre y cuando se haga para corregir y mejorar, no para saber quienes encontraron nuevos métodos para escabullirse de la ley.

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